Los exmilitares, oficiales y suboficiales, fueron procesados como autores de homicidio consumado por la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, y de homicidio frustrado a Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60% de su cuerpo.
"En el día de hoy, se ha dictado un nuevo auto de procesamiento respecto de las personas que se encontraban detenidas", dijo el juez Mario Carroza a periodistas.
Los jóvenes, que participaban en una jornada de protesta contra de la dictadura de Pinochet (1973-1990), fueron golpeados, detenidos, rociados con gasolina y quemados vivos el 2 de julio de 1986.
Después de agonizar durante cuatro días, Rodrigo Rojas, de 19 años, murió en un hospital de Santiago.
Con esta resolución, suman 12 los exmilitares, exoficiales y exsuboficiales, procesados en los últimos días tras la reactivación de uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos cometidos por la dictadura.
La semana pasada, en una sorpresiva resolución, el juez Carroza detuvo y procesó a los primeros siete exmilitares involucrados en el asunto, que permanecen detenidos junto a los procesados este jueves, salvo un exconscripto que colaboró con la justicia y quedó bajo arresto domiciliario nocturno.
El caso se mantuvo impune durante 29 años por un supuesto "pacto de silencio" entre los militares, que se rompió luego de que uno de los conscriptos implicados narrara los hechos al juez Carroza.
Si bien Carmen Gloria Quintana sobrevivió y había relatado públicamente los hechos, la justicia no había logrado corroborar la participación de los militares, que sostenían la versión de que los jóvenes se habían quemado accidentalmente tras el estallido de una bomba incendiaria.
Este jueves, tras presentar la víspera una querella contra los responsables y encubridores de su ataque, Quintana se reunió con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en el palacio presidencial de La Moneda y le pidió acabar con la "impunidad".
"Salgo muy contenta y esperando que haya prontamente actos y gestos concretos que apunten a la verdad y a la justicia", indicó a la salida de la reunión.
Quintana se refiere a una ley para romper el secreto que resguarda durante 50 años el contenido de un informe conocido en 2004 con las declaraciones de unos 30.000 torturados por la dictadura de Pinochet prestadas en el marco de la llamada Comisión Válech.
También pidió al gobierno impulsar una ley para degradar a los militares implicados en caso de violaciones de los derechos humanos.
"Le he dicho que el gobierno va a trabajar incansablemente para que podamos remover la oscuridad y podamos conocer la verdad, que es tan importante para todos nosotros", comentó la presidenta Bachelet en una posterior actividad pública.
"Chile necesita saber lo que sucedió (...) sobre una herida limpia se puede cicatrizar mejor", agregó la mandataria.
A última hora de la tarde, el Ejército publicó un comunicado en el que "reitera su compromiso de colaborar con la justicia, proporcionando lo requerido por los tribunales, en todo aquello que esté bajo su conocimiento y competencia".
A su vez, informó que acatando un criterio vigente desde 2009 tras el procesamiento se procederá a "desvincular" a los exmilitares procesados en los casos que pese a su retiro presten algún tipo de servicio al organismo.
Antes de conocerse la misiva del Ejército, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo en rueda de prensa que ya no quieren "más palabras de buena crianza".
"Lo que hoy hay que hacer es verdad y justicia, nada más ni nada menos", exigió Pizarro en rueda de prensa.
"Hacemos un llamado a la presidenta. No más. Basta de impunidad, porque se es cómplice de los crímenes cuando uno asegura la impunidad", agregó Pizarro.
La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
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