Panamá, 19 nov.- Los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, y de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se comprometieron hoy a fortalecer las relaciones comerciales y a reforzar la lucha conjunta contra el crimen organizado.
Varela y Solís, quien cumplió este miércoles una visita de un solo día a Panamá, comparecieron ante la prensa tras sostener una reunión privada de varias horas y suscribir una "Declaración Conjunta".
Optimizar a corto plazo y facilitar el comercio binacional y regional; perseguir el contrabando en la zona común del fronterizo Paso Canoas; fortalecer la coordinación e intercambio de información de inteligencia en contra el crimen organizado e impulsar obras de infraestructura para integrar físicamente la región, son algunos de los compromisos estampados en la Declaración Conjunta.
Los Gobiernos de Panamá y Costa Rica se comprometieron además a realizar, en una fecha no estipulada, una reunión de alto nivel entre los estamentos de seguridad de ambos países para coordinar acciones en el combate al tráfico ilícito de armas, narcotráfico y la trata de personas.
Una fuente gubernamental dijo a Efe que esta reunión de seguridad puede ser en Panamá en una fecha aún por definir.
En lo comercial, los presidentes instruyeron a sus ministros de esta cartera, Alexander Mora (Costa Rica) y Melitón Arrocha (Panamá), a que coordinen un equipo técnico binacional para definir un "plan maestro" para la modernización e integración de la gestión fronteriza.
También anunciaron los avances logrados para el inicio de la construcción del Puente Binacional Permanente sobre el Río Sixaola, para potenciar lo que dijeron es el centro de conectividad entre el Atlántico costarricense y la provincia panameña de Bocas del Toro.
"Hemos discutido temas muy importantes, tomado decisiones muy puntuales que van a beneficiar lo que es la cooperación entre ambos Gobiernos y entre ambos países", dijo Varela a los periodistas.
Añadió que con el Gobierno de Solís se llegaron a conclusiones igualmente importantes en cuanto a coordinar esfuerzos en la lucha contra el contrabando y el crimen organizado "en forma estructural ya que esto afecta los tributos de ambos países" en la zona de Paso Canoas.
Los mandatarios destacaron que tanto ellos como los titulares de Comercio de los dos países trataron el asunto de la situación comercial en Paso Canoas, en el que empresarios panameños de esa zona han denunciado supuestas violaciones a los acuerdos bilaterales comerciales por parte de autoridades del vecino país.
Los empresarios panameños sostienen que las autoridades costarricenses decomisan a sus nacionales los productos que compran en Panamá al pasar a Costa Rica, lo que se ha traducido en una caída de más del 40 % en la actividad comercial en la zona, afectando a unas 4.000 familias panameñas y a otras 3.000 costarricenses.
El interés expresado en la reunión con Solís, según afirmó Varela, es que "esta vida comercial en Paso Canoas pueda seguir en una forma productiva para ambos países", pero sin permitir el contrabando.
Solís, por su parte, reconoció que en el encuentro se puso acento en el tema de las dinámicas comerciales en las zonas fronterizas que, dijo, "sigue su propia velocidad" con la "histórica presencia comercial en Paso Canoas" y en otros puntos aledaños de la frontera.
Afirmó que conviene estimular ese comercio transfronterizo en Paso Canoas "porque genera bienestar económico y riqueza en los pueblos de la zona".
Empero, Solis expresó que también han "concordado que este dinamismo no incluye el contrabando, ese decir, las prácticas más organizadas de comercio ilícito que evidentemente que deben ser combatidas" tanto "por razones de orden fiscal como por razones de orden comercial e incluso ético".
"Desde ese punto de vista no hay incompatibilidad ninguna entre continuar estimulando los vínculos de cooperación y de comercio en las zonas de frontera, con el combate frontal al contrabando que es un compromiso que como Estados tenemos la responsabilidad de acometer en cualquier momento", remarcó Solis.
Varela, por su parte, coincidió en la necesidad de "evitar flujos irregulares de grupos organizados que quieran usar estas prácticas comerciales positivas de muchos años para actos irregulares en el área" fronteriza con Costa Rica.
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