Paraguay carece de plan sobre reformatorios pese a fallo de Corte, dice ONG

  • Paraguay carece de una política sobre la reclusión de menores, pese a que hace una década la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le ordenó elaborarla por las condiciones "infrahumanas" en un reformatorio, según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Asunción, 20 sep.- Paraguay carece de una política sobre la reclusión de menores, pese a que hace una década la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le ordenó elaborarla por las condiciones "infrahumanas" en un reformatorio, según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El fallo se refería al Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, en el que murieron doce menores en incendios entre 2000 y 2001.

Reabierto bajo el nombre de Centro de Detención para Adolescentes de Itaguá, en los últimos cuatro meses han muerto cuatro niños en varios motines.

Celina Giraudy, abogada de la oficina de Cejil en Buenos Aires, consideró inadmisible que pasada una década del fallo de la Corte, lo que se cumplió el pasado 2 de septiembre, Paraguay no haya cumplido con la mayor parte de la sentencia.

Le preocupa especialmente que no haya realizado cambios estructurales en su política en materia de menores, una medida destinada a que no se repitieran los abusos.

"La CorteIDH ordenó al Estado paraguayo a hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a presentar una política a corto, medio o largo plazo en materia de niños en conflicto con la ley, y adecuada a los estándares internacionales", dijo Giraudy.

Paraguay tampoco impartió cursos de capacitación a los menores, como estipulaba la sentencia, y aun adeuda una parte de las reparaciones económicas a las víctimas y a las familias de los fallecidos.

Según Giraudy, el Gobierno dio compensaciones económicas en cuotas y a destiempo, lo cual generó unos intereses previstos en la sentencia en caso de demora, que son lo que todavía están pendientes.

"Expresamos nuestra preocupación por el incumplimiento de esa sentencia y las consecuencias que pueda tener tras diez años de litigio", declaró.

Los hechos se remontan al periodo entre 1996 y 2001, cuando el reformatorio, ubicado a unos 30 kilómetros de Asunción, llegó a albergar a entre 200 y 300 niños al mismo tiempo, teniendo una capacidad para 15 internos, según el Cejil.

Durante esos años pasaron por el centro unos 4.000 niños que vivieron bajo un régimen "infrahumano", que fue la causa de tres incendios ocurridos entre 2000 y 2001, en los que murieron doce menores y decenas resultaron heridos.

El reformatorio fue luego habilitado bajo el nombre de Centro de Detención para Adolescentes de Itaguá, donde en los últimos cuatro meses han muerto cuatro niños en varios motines.

El pasado 21 de abril los guardias intervinieron con apoyo de policías de la comisaria y efectuaron disparos con balines de metal que alcanzaron a dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes fallecieron horas después en un hospital de Itauguá.

En agosto, durante otro motín en el mismo centro, dos adolescentes murieron electrocutados cuando intentaban fugarse al trepar por una de las vallas electrificadas.

Hace una semana la ministra de Justicia paraguaya, Sheila Abed, nombró al quinto director nuevo del centro en un año tras detectar condiciones "infrahumanas" en la alimentación a los internos.

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