Paraguay sigue siendo un país opaco, según abogados pro derechos humanos

Madrid, 4 jul.- Paraguay sigue siendo un país opaco en el que los crímenes de la dictadura de Alfredo Stroessner continúan impunes, declararon hoy a Efe en Madrid los abogados Aitor Martínez y Carlos Slepoy.

"Paraguay es el país del olvido, hermético, opaco y el gran desconocido a nivel internacional", aseguró hoy el abogado español Aitor Martínez en declaraciones a Efe antes de comenzar un acto bajo el título "Un genocidio olvidado. Los Aché del Paraguay" en el Ateneo de Madrid y organizado por el colectivo Paraguay Resiste.

El abogado español Aitor Martínez y el argentino Carlos Slepoy, querellante en la causa abierta en Argentina por los crímenes del franquismo, criticaron que "todavía no se han abierto investigaciones ni hay intención alguna de hacerlo" en Paraguay.

Aitor Martínez presentó en 2013 ante tribunales argentinos la histórica querella criminal por crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos contra el pueblo paraguayo de los Aché durante la dictadura de Alfredo Stroessner, la más larga de Latinoamérica (1954-1989).

La querella se presentó amparada en el principio de Jurisdicción Universal mediante el cual se pueden enjuiciar en ese país crímenes que hayan sido cometidos en cualquier lugar del mundo y por el que ya se condenaron genocidios como los perpetrados por la dictadura militar argentina, por la chilena de Augusto Pinochet o por la guatemalteca.

Ambos abogados coincidieron en que la querella se presentó en Argentina porque es el país "más avanzado" en este ámbito y el que está creando un "modelo mundial" llegando a ser actualmente un referente en materia de crímenes contra la humanidad.

"Se presenta en Argentina porque no hay otra opción", sentenció Martínez, quien expresó su deseo de que Paraguay se declararse competente y empezase los procesos judiciales.

Pese a que en 2014 la querella criminal presentada en Argentina se amplió con la Federación Nativa de Pueblos Aché, Martínez destacó la falta de voluntad de cooperación de la Justicia paraguaya ya que "a día de hoy no ha respondido por esta causa" a pesar de que desde el poder legislativo paraguayo se ha pedido a la Fiscalía que coopere con la Justicia argentina.

La causa sí contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando en 2003 comenzó una campaña internacional y condenó a Paraguay por falta de voluntad para investigar los crímenes denunciados en el informe final de la llamada Comisión verdad y justicia.

Esta Comisión (2003-2008) envió un informe final a la Fiscalía General del Estado paraguayo con todos los testimonios recogidos y los victimarios para que ésta abriera procesos judiciales, pero desde entonces todas las investigaciones y las querellas se han "cajoneado", dijo al referirse a la falta de progresos.

Además, Martinez destacó el problema de la población ya que, a su juicio, "siente más indiferencia por este tema que miedo".

El problema de Latinoamérica, según el abogado Carlos Slepoy, es que existen mayores violaciones de los derechos humanos por ser una región con "tremenda desigualdad social", pero matizó que, por el contrario, es el continente que más ha avanzado en causas contra violaciones de derechos humanos.

Al respecto Slepoy destacó la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) está siendo mucho más activa y más avanzada que, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La comunidad Aché habitaba la región este de Paraguay hasta finales de 1960, en que sufrió las consecuencias de la expansión del sector agroganadero y el gobierno de Alfredo Stroessner ordenó su traslado a Cerro Morotí (Caaguazú), donde más de la mitad murió.