Paralizado un juicio por fraude en Londres por recortes en asistencia legal

Londres, 1 may.- Un importante caso por fraude fue sobreseído hoy en el Reino Unido, debido a que los cinco acusados no pudieron encontrar abogados que les representasen, tras los recortes en asistencia legal impuestos por el Gobierno británico.

El juez Anthony Leonard del tribunal de Southwark en Londres accedió a la petición de la defensa, que actuó de forma gratuita, de que se desestimase el caso sobre la base de que no sería posible hallar abogados cualificados dispuestos a trabajar sin esos recursos, por lo que los imputados no podrían tener un juicio justo.

Precisamente, el letrado que, en representación de los cinco acusados de un fraude inmobiliario, forzó la paralización del proceso fue Alex Cameron, hermano del primer ministro británico, el conservador David Cameron.

Alex Cameron accedió a actuar hoy sin cobrar y argumentó que los recortes en asistencia legal a los clientes sin recursos económicos impuestos por el Gobierno han provocado que los letrados no quieran hacerse cargo de los llamados Casos de Muy Alto Coste (VHCC, en sus siglas en inglés), largos y complicados procesos judiciales.

El Ejecutivo ha ordenado un recorte del 30 % de los emolumentos que perciben los abogados por hacerse cargo de oficio de este tipo de casos, lo que ha llevado a que se hayan dado de baja muchos del registro de VHCC del Colegio de Abogados.

Cameron demostró que los acusados habían solicitado sin éxito representación legal a varios bufetes y el magistrado concluyó que lo mejor sería suspender el caso -en lugar de aplazarlo como pedía la fiscalía- debido a que, en las actuales circunstancias, "no hay perspectivas realistas de que vayan a encontrar abogados adecuados en el futuro".

El caso fue interpuesto por la Autoridad de Conducta Financiera (regulador financiero británico) contra cinco personas vinculadas a las empresas Plott UK Ltd, European Property Investment Ltd y Stirling Alexander Ltd, acusadas de estafar cinco millones de libras (seis millones de euros) a inversores entre 2008 y 2011.

En respuesta al sobreseimiento, el Ministerio de Justicia acusó a los abogados de no querer hacerse cargo de casos como este porque "están en contra de los ahorros" supuestamente necesarios para reducir el déficit y aplicados ya en otros sectores.

Un portavoz ministerial señaló que, incluso con los recortes, un letrado que asumiera este complejo caso, que requiere el examen de 46.000 folios de pruebas y unas 864.000 líneas de hojas de cálculo, cobraría unas 100.000 libras (120.000 euros) y unas 60.000 libras (72.000 euros) los de menos experiencia.

La suspensión de hoy significa que, pese a la gravedad del asunto, los imputados quedan libres a no ser que la fiscalía presente un recurso.

Los abogados británicos han protagonizado varias manifestaciones en los últimos meses contra los recortes del Gobierno a sus tarifas en casos de oficio (en representación de clientes sin recursos), parte de las medidas para reducir el déficit público.

El líder de la oposición laborista, Ed Miliband, dijo hoy que estos recortes "impiden el acceso a la justicia" y "ponen en peligro el sistema judicial".

El Estado británico destina anualmente unos 2.000 millones de libras (2.400 millones de euros) a asistencia legal, de los cuales la mitad va a procesos penales y el resto a casos civiles de salud mental o petición de asilo o de derecho de familia, como violencia doméstica, matrimonios forzados o retención infantil.