SANTIAGO – Un grupo similar al Ku Klux Klan, que se cree estaría formado por terratenientes del sur de Chile, amenaza con matar al máximo número de mapuches que pueda en represalia por la ocupación de sus tierras.
A finales de julio, un portavoz del comando Hernán Trizano, con un arma en la mano, anunció que su grupo tenía diversas armas y una lista de líderes mapuches que procedería a asesinar "para que dejen de meterse en nuestras tierras".
"Los principales líderes mapuches van a desaparecer de la faz de la tierra con la dinamita que les pondremos en el cinturón si insisten en sus demandas de tierra", declaró el portavoz en una entrevista.
Grandes agricultores y empresarios chilenos controlan una parte importante del territorio que los mapuches consideran sus tierras ancestrales. Frustrados por la lentitud y la ineficiencia del programa del gobierno que les devolvería sus tierras, decenas de comunidades mapuches han recurrido a las 'tomas' de terrenos y se han encontrado con una fuerte represión policial.
Ley de Pinochet
En los últimos años, algunas organizaciones mapuches han optado por tácticas cada vez más radicales, como por ejemplo, incendios intencionales u otros actos de violencia contra quienes les habrían usurpado las tierras. A los mapuches arrestados normalmente se les aplica una polémica ley antiterrorista de la época del ex dictador Augusto Pinochet. Los grupos de derechos humanos sostienen que la norma viola el derecho al debido proceso.
La comunidad mapuche es el principal grupo indígena de Chile y constituye cerca de un 10 por ciento de la población. Se concentra primordialmente en la región de la Araucanía, a más de 600 kilómetros al sur de la capital. El conflicto actual tiene sus orígenes en la pérdida de las tierras ancestrales durante la ocupación militar chilena en el siglo XIX.
Desde la capital, se han enviado fuerzas especiales de la policía para acabar con la ocupación. Recientemente, durante un enfrentamiento, la policía mató a Jaime Mendoza, un mapuche de 24 años, un hecho que ha crispado aún más la situación. Los informes forenses indican que el joven no iba armado y recibió un disparo en la espalda cuando intentaba escapar de la policía. Mendoza es el tercer mapuche que muere en los siete últimos años a manos de la policía en circunstancias similares. Varias decenas han resultado heridos.
"La respuesta del gobierno ha sido más represión. El uso de la fuerza es completamente desproporcionado. Sólo en Temucuicui, donde viven unas 80 familias, existen 300 policías desplazados permanentemente", declara Richard Caifal, abogado de origen mapuche que ofrece asesoría legal a esta comunidad, el grupo líder en las ocupaciones de este año y cuyos jefes están en la mira del comando Trizano.
La comisión sobre Asuntos Mapuches de laIglesia Católica ha condenado la represión y ha declarado que es fruto de la discriminación y el racismo. Tradicionalmente, la iglesia ha actuado como mediadora entre el gobierno y los mapuches. "Estamos preocupados por la progresiva criminalización de las exigencias mapuches, que han quedado reducidas a un asunto policial. Los mapuches no son delincuentes ni terroristas", declaró la iglesia en un comunicado.
Las manifestaciones se han extendido más allá de la región de la Araucanía y de los propios grupos indígenas. La violencia también ha unido a la dividida comunidad mapuche. Días después de la muerte de Mendoza, unas 60 comunidades crearon la Alianza Territorial Mapuche y anunciaron nuevas ocupaciones de tierras.
"No queremos más sobras. Queremos recuperar nuestro territorio original, pero el gobierno no nos escucha. Es por eso que nos hemos unido para actuar", declara Juan Catrillanca, portavoz y líder de la comunidad de Temucuicui, quien asegura que otras 60 comunidades quieren adherirse.
A principios del siglo XX, tras la ocupación militar de la Araucanía, los 10 millones de hectáreas de territorio mapuche se redujeron a 500.000 hectáreas. Las tierras fueron entregadas a inmigrantes chilenos y extranjeros que, con el tiempo, expandieron sus propiedades a través de compras fraudulentas o la reubicación de los límites de la propiedad.
Fin de la reforma agraria
La reforma agraria de finales de los 60 y principios de los 70 permitió que el Estado chileno expropiara tierras para dárselas a los agricultores mapuches. Sin embargo, el golpe militar de 1973 acabó abruptamente con el proceso y gran parte de la tierra quedó en un limbo jurídico. Las tierras se vendieron a través de subastas baratas a importantes grupos económicos que, gracias a los incentivos para fomentar la industria forestal, arrasaron con las plantaciones autóctonas para plantar pinos y eucaliptos. Las tierras mapuches volvieron a sufrir una reducción: 300.000 hectáreas.
"La cultura occidental concibe la propiedad a través de los títulos legales, pero la cosmovisión mapuche considera que la tierra les pertenece porque siempre han vivido allí. En su subconsciente colectivo, creen que el empobrecimiento de su gente se debe a la usurpación de las tierras", explica Hernando Silva, coordinador del área legal del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en Temuco. Cerca de un 38 por ciento de los mapuches vive en la pobreza.
Además, los esfuerzos para devolver las tierras avanzan lentamente. En 1994, el gobierno creó la comisión nacional indígena, CONADI, para dirigir las negociaciones con los terratenientes. El objetivo era comprarles una parte de las tierras y entregarla a las comunidades mapuches. Desde entonces, el Gobierno ha comprado o regularizado 170.000 hectáreas.
El año pasado, la presidenta Michelle Bachelet anunció un pacto social multicultural para asegurar los derechos legales, culturales y territoriales de los mapuches, incluyendo la restitución de tierras a 115 comunidades antes de 2010. Sin embargo, aún quedan cientos de otras comunidades que reclaman sus tierras ancestrales.
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