París decide extraditar a Sandoval a Argentina, pero sólo por el caso Abriata

París, 28 may.- La Justicia francesa dio hoy un primer visto bueno a la extradición a Argentina del expolicía Mario Sandoval, acusado de crímenes contra la humanidad durante la dictadura militar (1976-1983), pero solo para ser juzgado por la desaparición del estudiante Hernán Abriata.

La sala de acusación del Tribunal de Apelación de París emitió un dictamen favorable a la demanda argentina, "pero únicamente" por el dossier de Abriata, que fue detenido en casa de sus padres en Buenos Aires el 30 de octubre de 1976 y del que no se tienen noticias desde entonces.

El presidente de la sala, Jean Bartholin, explicó que "los elementos de implicación no eran suficientes" para aprobar la entrega de Sandoval, de 61 años, por las otras 601 víctimas que le imputaba el juez argentino Sergio Torres.

El tribunal se ajustó así a la petición de la fiscalía, que en la audiencia del 9 de abril pasado estimó que, si se le juzgara por eso, "se le estaría cargando la responsabilidad de hechos colectivos" imputables al cuerpo policial al que perteneció, pero para los que no hay elementos que lo impliquen a él individualmente.

Bartholin puntualizó que, en caso de que se le considere culpable, la Justicia argentina le podrá imponer como máximo 15 años de cárcel, la condena prevista en el Código Penal en 1976 para los delitos relacionados con la desaparición de Abriata.

Antes de notificarle el auto a Sandoval, quien llegó y se fue de la sala protegido por gendarmes y miembros de su familia sin hacer declaración alguna, Bartholin le dijo que tiene cinco días para recurrir ante el Tribunal Supremo.

Su abogada, Floriane Ponsard, no quiso pronunciarse sobre la formalización o no de ese recurso y, en declaraciones a Efe, se limitó a señalar que tienen que reflexionar "sobre la continuación de forma serena".

El procedimiento ante el Supremo supone varios meses de duración, a los que habría que añadir, en caso de que siguiera adelante la extradición, la adopción por el Gobierno francés de un decreto de entrega a Argentina que podría volver a ser recurrido ante el Consejo de Estado, máxima instancia administrativa de Francia.

"En el mejor de los casos, un año", calculó la abogada que representa a Argentina ante la Justicia francesa, Sophie Thonon, quien pidió "a las autoridades francesas que hagan lo posible para que Sandoval no se escape", teniendo en cuenta su falta de respeto hacia los tribunales de su país de origen.

Sandoval va a seguir en libertad bajo control judicial y Argentina solo puede solicitar mayores medidas de seguridad si tiene elementos que demuestren que pretende eludir la acción judicial.

Para Thonon, la de hoy "es una decisión que va a gustar mucho a la familia Abriata", aunque "llega un poco tarde" y además "es un dictamen de mínimos" porque se limita a una sola víctima y no se contempla que se le puedan aplicar las penas para los crímenes contra la humanidad.

La letrada aprovechó para instar a la Asamblea Nacional francesa a la adopción del nuevo acuerdo bilateral de extradición con Argentina, que agilizará asuntos como éste.

Sandoval, que lleva desde mediados de los años 80 en Francia, donde ha trabajado como conferenciante y consultor en política exterior, incluso para las más altas instancias del poder, obtuvo la nacionalidad francesa en 1997.

Empezó a inquietarse respecto a su pasado durante la dictadura argentina en 2007-2008, cuando la prensa comenzó a seguir su rastro.

Una vez que su foto fue publicada, los padres de Abriata lo identificaron como el "inspector Sandoval" o "comisario Sandoval" que arrestó a su hijo, un elemento clave para que la fiscalía francesa concluyera que "no hay error sobre la persona".

El interesado, sin embargo, trató de zafarse de ese señalamiento en la audiencia del mes pasado, en la que reconoció que había trabajado "en el Ministerio del Interior" argentino en la década de los 70 y hasta 1983, sin querer precisar dónde, aunque Bartholin se lo preguntó de forma clara.

Sandoval insistió entonces en que no estaba en la Escuela Mecánica de la Armada, que funcionaba de hecho como un centro de tortura de opositores.

Aseguró que no es la persona descrita en la demanda y que su "problema" con la Justicia de ese país tiene que ver con sus actividades de mediación en el "conflicto colombiano" estos últimos años.