Londres, 19 dic.- Una comisión del Parlamento británico analizará la actuación de los servicios secretos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando se les acusó de complicidad en la entrega y tortura de sospechosos de terrorismo en terceros países.
El ministro sin cartera Kenneth Clarke anunció hoy a los diputados la puesta en marcha de esta investigación por parte de la Comisión de Seguridad e Inteligencia, que se basará en las conclusiones preliminares de otro estudio dirigido por Peter Gibson.
El análisis de Gibson, que se detuvo antes de tiempo por coincidir con una investigación policial, identificó 27 áreas en las que pudo haber comportamiento cuestionable de los servicios secretos británicos, que sin embargo, según Clarke, no participaron directamente en torturas.
En unas declaraciones a la prensa, el mismo Gibson, que es juez retirado, dijo hoy que no halló pruebas de una participación directa de los agentes secretos en torturas o entrega de sospechosos, pero consideró que será necesario establecer si hubo complicidad.
"Según los documentos, parece que el Reino Unido pudo haber estado involucrado inapropiadamente en algunas entregas. Este es un asunto muy serio. Y no hay duda de que una futura investigación tendría que mirar esto", agregó Gibson.
"Creo que hemos identificado áreas que deben atenderse. Hemos identificado 27 áreas", afirmó.
De acuerdo con el juez retirado, los documentos muestran casos en los que agentes británicos estaban al tanto de las denuncias sobre el maltrato de detenidos, por lo que consideró importante saber si la respuesta del Reino Unido sobre esta situación fue "adecuada".
Tras examinar 20.000 documentos, Gibson no encontró en ellos "pruebas que apoyen las imputaciones de que agentes de los servicios secretos británicos fueron directamente responsables del maltrato de detenidos en países extranjeros", aseguró el ministro.
"No hay ningún material que haya sido remitido a la Policía para ser investigado", agregó.
Las áreas "de preocupación" destacadas por Gibson, y que ahora serán examinadas por la comisión parlamentaria, se dividen en cuatro grupos: tratamiento e interrogatorios, entregas a terceros países, formación y orientación (de los agentes) y política y comunicación.
"El periodo de tiempo es uno en que nosotros y nuestros socios internacionales tuvimos que adaptarnos repentinamente a una amenaza de naturaleza y escala completamente nuevas por parte de extremistas religiosos", razonó Clarke.
El ministro conservador aseveró que la mayoría de las operaciones cuestionadas sucedieron a principios de la década de 2000, después de los atentados del 11-S, y reflejan a un Gobierno y servicios secretos tratando de adaptarse a la nueva realidad.
Clarke expresó un "sincero arrepentimiento (...) si se cometieron fallos y errores".
"Ahora resulta claro que nuestras agencias y su personal no estaban preparadas en algunos aspectos para las exigencias que, de repente, se les impusieron", observó Clarke, quien admitió que en esa época no había ni la orientación ni las directrices adecuadas para los agentes.
"Deberíamos haber comprendido mucho antes las prácticas de algunos de nuestros socios internacionales", admitió en la Cámara de los Comunes el político, sin ofrecer más detalles.
El informe de la comisión parlamentaria, que recogerá nuevos testimonios y se hará público a finales de 2014, analizará si se han introducido los cambios necesarios para garantizar que los errores del pasado no se repitan.
Clarke subrayó que, aunque las operaciones de seguridad han de efectuarse en "el más estricto secreto", debe haber los mecanismos de supervisión apropiados para garantizar que éstas cumplen "con el respeto a los derechos humanos, que es piedra angular de los valores" del Reino Unido.
Tras la declaración de Clarke, el director para Europa de Amnistía Internacional (AI), John Dalhuisen, dijo hoy que el anuncio del Gobierno sobre cómo responderá a las denuncias de torturas es "decepcionante" y "predecible".
Según Dalhuisen, para combatir la tortura es necesario establecer con claridad dónde y cuándo ocurrió y quién participó, a fin de que sus responsables respondan por esas acciones.
En su opinión, la comisión de Seguridad e Inteligencia no es el organismo adecuado para este "trabajo vital", por lo que consideró que el anuncio de hoy supone "otro esfuerzo por eludir responsabilidades".
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