Parlamento investigará derecho de veto de la legislación del príncipe Carlos

Londres, 13 ago.- El Parlamento británico investigará el derecho de veto que actualmente tiene el príncipe Carlos de Inglaterra sobre la legislación del Gobierno, informa hoy el diario británico "The Guardian".

El llamado comité de reforma política y constitucional de la Cámara de los Comunes indagará sobre la existencia de una supuesta laguna constitucional que confiere al hijo mayor de Isabel II el derecho a vetar cualquier nueva normativa que pueda afectar a sus intereses privados.

La pesquisa se pondrá en marcha después de que una investigación del citado rotativo en octubre de 2011 encontrara que el Ejecutivo tuvo que solicitar permiso del heredero al trono para aprobar al menos una docena de proyectos de ley del Gobierno.

La investigación que llevarán a cabo los diputados incrementará probablemente la presión sobre Whitehall -las oficinas gubernamentales- para que se reduzca el secretismo que rodea al llamado "lobbying" real, según el diario.

El citado comité parlamentario, que presidirá el diputado laborista Graham Allen, cuestionará si existe el riesgo de que el actual requerimiento del consentimiento real para pasar leyes, que también concede la soberana de Inglaterra en función de la naturaleza de la legislación, "podría ser visto como politización de la monarquía".

Desde que el actual Ejecutivo de coalición de conservadores y liberaldemócratas llegó al poder en mayo de 2010, el príncipe mantuvo 36 reuniones con miembros del Gobierno.

Carlos se reunió con el primer ministro, el conservador David Cameron, en siete ocasiones, mantuvo encuentros con cuatro secretarios de Estado diferentes en el ministerio de Comunidades y se entrevistó seis veces con políticos del Departamento de Energía y Cambio Climático.

Entre otras preguntas que el comité parlamentario formulará durante su pesquisa incluirá la de si existe una continua justificación para que el consentimiento de la reina o del príncipe sea parte del proceso legislativo, según "The Guardian".

Según sendos portavoces de Clarence House y del Palacio de Buckingham, se trata de una "convención establecida desde hace tiempo" que el Parlamento requiera el consentimiento del príncipe, como duque de Cornualles, para aquellos proyectos de ley que podrían afectar los intereses del Ducado de Cornualles.

Ese mismo proceso se aplicaría cuando se trata de solicitar el consentimiento de la reina, en caso de que los proyectos de ley en cuestión pudieran afectar a los intereses de la Corona.

"En tiempos modernos, ni la reina ni el príncipe de Gales se han negado a dar su consentimiento a ningún proyecto de ley que afecte a los intereses de la Corona, el Ducado de Lancaster o el Ducado de Cornualles, a menos que así lo hayan aconsejado los ministros", señaló un portavoz del palacio de Buckingham, que agregó que "en asuntos de legislación, la reina siempre sigue el consejo del Gobierno".