Quito, 16 nov.- Partidarios y detractores de un controvertido proyecto de ley de comunicación en Ecuador se enfrentaron hoy en un debate en la Asamblea Nacional (Parlamento), que giró sobre si el Gobierno intenta limitar la libertad de expresión o mejorar la calidad de la información.
Se trata del segundo y definitivo debate sobre la propuesta, que crea un consejo para regular contenidos violentos, sexuales o discriminatorios de la prensa y establece sanciones para los medios de comunicación que violen las normas.
El Movimiento Alianza País, del presidente Rafael Correa, cuenta en principio con 55 votos en la Asamblea, por lo que necesitará convencer a por lo menos otros ocho legisladores para lograr la ratificación de la propuesta legislativa con mayoría simple.
El presidente de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino, de Alianza País, aclaró hoy que el proyecto no prevé ningún tipo de censura previa, ni habrá controles de las redes sociales.
El asambleísta César Montúfar, de Concertación Nacional, había alertado de que el texto abre la puerta para inmiscuirse en lo que se dice en lugares como Facebook o Twitter, pues, en su opinión, habla de regular los mensajes difundidos por cualquier medio de comunicación y obliga al nuevo consejo a mantener un registro de medios digitales.
Por su parte, la oficialista Betty Carrillo enfatizó que el único fin de ese registro es "saber cuántos medios hay" y destacó que en el Consejo habrá "una mayoría absoluta" de la ciudadanía.
Ese órgano estará compuesto, según el proyecto, por siete integrantes, de los cuales dos serán delegados del Ejecutivo, pero la oposición alega que Correa también tendrá influencia en la designación de algunos de los otros miembros.
La división entre los asambleístas de oposición y del movimiento político del presidente en torno al proyecto también se replicó en las opiniones de algunos periodistas, que participaron a invitación de Fernando Cordero, presidente del legislativo.
Orlando Pérez, subdirector del periódico El Telégrafo, en manos públicas, dijo aspirar a que "la plena libertad de expresión no sea un privilegio del capital, sino de todos los ciudadanos", en una intervención que estuvo interrumpida por gritos de parlamentarios de oposición.
En nombre de los medios audiovisuales estatales, Enrique Arosamena denunció que en el pasado la prensa privada privilegiaba las voces "que a los dueños les convenía" y acallaban las que les perjudicaban, por lo que defendió el papel de la prensa pública y dio su apoyo "total" al proyecto de ley de comunicación.
La asambleísta Cynthia Viteri, de Madera de Guerrero, expuso una visión contraria, al acusar a los medios en manos del Estado de "seguir la agenda de Correa" y ser usados para los fines del Gobierno.
Por su lado, Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, pidió a los asambleístas que "no nos arrebaten la libertad de opinar sin temor a represalias".
El debate se da en un momento de tensión entre Correa y los principales medios de prensa privada del país, agravada tras la condena a tres años de cárcel contra tres directivos del diario "El Universo" y el exjefe de opinión Emilio Palacio por una columna que el mandatario considera injuriosa.
Además, tendrán que pagar a Correa 30 millones de dólares y la empresa editora del periódico otros 10 millones. El caso está actualmente en la Corte Nacional de Justicia.
El gobernante también ha demandado por 10 millones de dólares a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El Gran Hermano", que señala que Fabricio Correa, hermano del mandatario, les dijo que éste sabía de los contratos, supuestamente irregulares, que él tenía con el Estado, lo que el presidente niega.
El mandatario ha indicado que la futura ley de comunicación "es clave para acabar con esa prensa corrupta", mientras que la miembros de la oposición la consideran un intento de acallar las críticas a su gestión.
Una vez que se cierre el debate en la Asamblea, Andino recogerá las observaciones que crea convenientes en un proyecto de ley final, que será votado en una fecha aún no definida.
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