Pedraz ha reactivado hasta tres veces la detención de los militares de EEUU

  • Madrid.- Desde que en octubre de 2005 el juez Santiago Pedraz asumió la investigación de la muerte del cámara José Couso en la guerra de Irak en 2003, el magistrado ha ordenado hasta tres veces la busca y captura de los tres militares estadounidenses imputados en la causa, cuya detención ha reactivado hoy.

Pedraz ordena la busca y captura de los militares americanos imputados en el caso Couso
Pedraz ordena la busca y captura de los militares americanos imputados en el caso Couso

Madrid.- Desde que en octubre de 2005 el juez Santiago Pedraz asumió la investigación de la muerte del cámara José Couso en la guerra de Irak en 2003, el magistrado ha ordenado hasta tres veces la busca y captura de los tres militares estadounidenses imputados en la causa, cuya detención ha reactivado hoy.

El 27 de mayo 2003 la familia del cámara de Telecinco presentó la primera querella ante la Audiencia Nacional contra los tres militares norteamericanos a quienes considera responsables del bombardeo que el 8 de abril de ese mismo año alcanzó al cámara de Telecinco, que murió por los disparos de un carro de combate estadounidense cuando filmaba desde una ventana del Hotel Palestina en Bagdad.

En octubre de 2005, Pedraz dicta la primera de detención internacional contra el sargento Thomas Gibson, que iba en el carro de combate que cometió la acción, el capitán y jefe de la compañía Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, jefe de la Unidad, tras lo que admitió la querella de la familia de Couso en noviembre.

Tras el envío de varias comisiones rogatorias a EEUU, las autoridades de ese país denegaron en febrero de 2006 la petición española de interrogar a los imputados.

La investigación se vio paralizada por la nula cooperación de las autoridades estadounidenses, tras lo que el 10 de marzo 2006, la Audiencia ordenó archivar las diligencias al entender que "fue un acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado".

Sin embargo, en diciembre de ese año el Tribunal Supremo ordenó reabrir la investigación de la muerte de Couso, anulando el archivo de la Audiencia Nacional, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de octubre de 2005 que estableció que la Justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España.

El Supremo consideró que la nacionalidad española de Couso supone era un "plus de legitimación" para que la Audiencia investigue su muerte.

En consecuencia, el juez Pedráz retomó la investigación y en enero de 2007 ordenó nuevamente la busca y captura internacional de los tres militares, a quienes procesó el 27 de abril siguiente por un delito de asesinato con alevosía y otro contra la comunidad internacional.

Dicho procesamiento fue recurrido por la Fiscalía y revocado el 13 de mayo de 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia, pese a lo cual el juez Pedraz siguió adelante con las diligencias y citó a declarar a varios testigos, entre ellos los ex ministros de Defensa y de Exteriores, Federico Trillo y Ana Palacio.

Ambos respondieron por escrito en abril de 2009 y coincidieron en que España ignoraba los planes de ataque de EEUU en Irak porque eran secretos y la presencia española se limitó a una unidad de apoyo humanitario.

Antes, en junio de 2008 los periodistas Jon Sistiaga y Olga Rodríguez, testigos del ataque al Hotel Palestina de Bagdad, declararon ante el juez que la Sala de lo Penal "retorció" sus anteriores testimonios para zanjar la investigación.

El 21 de mayo de 2009, el magistrado volvió a procesar a los tres militares estadounidenses al encontrar "indicios racionales" de criminalidad en su actuación.

Según Pedraz, la orden directa de disparar contra el hotel fue de De Camp, jefe del regimiento de blindados, que la transmitió al capitán Wolford, al mando de la unidad, y el autor material del disparo fue el sargento Gibson.

Pero tampoco esta vez la investigación pudo seguir adelante.

La sección segunda de la Audiencia Nacional volvió a revocar el procesamiento de los militares el 14 de julio de 2009 y ordenó al juez que concluyera el sumario.

La familia de Couso no se dio por vencida y volvió a recurrir la decisión al Supremo que el pasado día 6 ordenó por segunda vez a la Audiencia reabrir el caso con el argumento de que la estrategia bélica "de impacto y pavor" y el bombardeo sobre personas y bienes protegidos en conflicto armado es penalmente imputable a quien dirija esas operaciones.

Un orden y un argumento que ha servido para que hoy Pedraz de nuevo haya podido reactivar la busca y captura internacional de los militares estadounidenses, con la esperanza de que con la nueva administración de Barack Obama la cooperación antes denegada por EEUU pueda ahora ser "más efectiva".

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