Peritajes reabren la polémica sobre supuestas ejecuciones de miembros de MRTA

Lima, 2 may.- Dos peritajes encargados y presentados hoy por el Gobierno peruano negaron las presuntas ejecuciones extrajudiciales de miembros del MRTA que invadieron la embajada de Japón en Lima en 1997 para así defender al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, afirmó hoy que los nuevos peritajes descartan las ejecuciones extrajudiciales durante el rescate de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Adrianzén dijo que los nuevos informes forense y balístico "son determinantes" para indicar que los "catorce delincuentes terroristas murieron" durante el rescate de 72 rehenes, denominado Chavín de Huántar, en la residencia del embajador de Japón en Lima.

Según denuncias del exrehén japonés Hidetaka Ogura e investigaciones periodísticas, tres de los secuestradores del MRTA, entre ellos Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", fueron ejecutados tras el rescate, al parecer, por personal adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Vladimiro Montesinos y ajeno al comando militar encargado de la operación.

Familiares de los secuestradores muertos en el operativo y organizaciones no gubernamentales denunciaron al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar este caso y encontrar a los responsables de las presuntas ejecuciones.

Al transcurrir el tiempo sin una resolución en Perú, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Organismos defensores de los Derechos Humanos en Perú afirman que la acusación va dirigida contra el equipo del SIN, conocido como "Los gallinazos", que supuestamente se infiltró en la residencia del embajador de Japón y ejecutó a los secuestradores que habían sobrevivido.

"No hubo una ejecución extrajudicial", afirmó hoy el procurador Adrianzén en una rueda de prensa en la que también participó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, quien dijo que "el país tiene que defender a los comandos Chavín de Huántar".

Las afirmaciones del procurador colisionaron con el informe de José Pablo Baraybar, el director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), quien evaluó estos casos y otros similares en Argentina, Guatemala, Etiopía, Ruanda, Congo, Bosnia y Kosovo.

Tras la rueda de prensa, un enfadado Baraybar afirmó al canal N de la televisión local que el Procurador es un funcionario "sumamente desinformado" y criticó que haya tenido "la ligereza" de decir que su informe "no es científico".

"No creo que haya un peritaje que pueda demostrar o no demostrar si hubo ejecuciones, en la medida que eso le corresponde a una sala penal, no a unos peritos", enfatizó en referencia al proceso que se sigue por este caso ante la justicia peruana contra Montesinos y otros exjefes militares.

El antropólogo añadió que la Policía determinó que "Tito", el número tres del grupo de secuestradores, fue uno de los terroristas que dispararon durante el enfrentamiento con los militares.

Baraybar también dijo que su informe sí señala que "este individuo no presenta ningún otro disparo producido al momento del enfrentamiento", sino un tiro en la nuca.

"El no tiene ningún disparo que no sea ese en la parte de atrás del cuello, hay personas que tenían 25 balazos, pero uno (de esos disparos) era en la vértebra cervical, el hecho de que esto se repita múltiples veces establece un patrón, pero yo no sé qué quiere decir ese patrón", remarcó.

Baraybar opinó que en el caso de "Tito""el Estado está en una encrucijada, porque tiene tres testimonios: el de Ogura, la pericia de antropólogos forenses y el testimonio de dos policías que supuestamente detienen a este individuo".

El experto aseguró que el procurador Adrianzén "mintió" al decir que el peritaje que hizo él junto al reconocido antropólogo norteamericano Clyde Collins Snow fue "de parte".

"Nosotros hemos sido peritos oficiales, no de parte, del Estado peruano", enfatizó.