Piden al Congreso que impida a la Iglesia registrar inmuebles que no posee

Madrid, 21 jul.- La Plataforma en defensa del Patrimonio Navarro ha pedido la ayuda del Congreso de los Diputados para que promueva una reforma legal que impida a la Iglesia hacerse con más inmuebles no registrados, ya que desde 1998 se ha apropiado de 1.087 bienes en esa comunidad mediante la inmatriculación.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Alvaro Cuesta, ha recibido a miembros de la plataforma y se ha comprometido a trasladar a los grupos y al Gobierno este asunto que, según ha confesado, le "asusta", y que no solo estará pasando en Navarra sino también en otros puntos de España.

Cuesta ve posible una modificación legal a incluir en la ley de presupuestos de 2012 -porque no hay tiempo para una específica antes de que acabe la legislatura-, para cambiar el reglamento hipotecario, que desde 1998 otorga a la Iglesia la misma potestad que al Estado, las provincias, los municipios o las instituciones de derecho público para hacer suyas propiedades no registradas.

Según los datos de la plataforma, son 1.087 inmuebles en 117 pueblos navarros los que la Iglesia ha hecho suyos, y en muchos casos se trata de fincas o edificios que no son de culto, como casas, parques, jardines, frontones o campos de cultivo.

En muchos de esos pueblos, según ha explicado la representante de la plataforma Isabel Urzainqui, los vecinos del pueblo se han encontrado con que no podían seguir haciendo uso de estos inmuebles dedicados en muchos casos a servicios para la comunidad, porque la Iglesia se lo impedía al haberlos registrado a su nombre.

"No es una cuestión de dinero sino de estricta legalidad", ha asegurado Ángel Rodríguez, el otro miembro de la plataforma que se ha reunido con Cuesta, y quien espera que la reforma impida nuevas apropiaciones, aunque también impugnarán algunos de los registros ya hechos.

Álvaro Cuesta ha señalado que este reglamento que da a la Iglesia la misma potestad que al Estado o a los municipios en materia de registro choca "a priori" con el artículo 16 de la Constitución, el relativo a libertad religiosa.

Al respecto, Cuesta incluso ha señalado que el Gobierno tiene la voluntad de impulsar una ley que regule la libertad de conciencia y la libertad religiosa, pero no la ha llevado a la Cámara al no haber actualmente el consenso necesario para tramitar una norma de este tipo.

En cualquier caso ha señalado que transmitirá a los grupos este asunto para tratar de buscar una solución que impida a la Iglesia seguir apropiándose de más bienes, en su buena parte de uso público, y que lo puede hacer desde que así lo aprobara, ha subrayado, "el Gobierno que había en 1998", en alusión al Ejecutivo del PP.