Montevideo, 14 feb.- El traslado de la jueza uruguaya Mariana Mota del ámbito penal a un juzgado civil generó hoy polémica en Uruguay, donde algunos sectores lo consideraron un varapalo a la lucha contra la impunidad, debido a que la magistrada tenía a su cargo 50 expedientes de la dictadura militar (1973-1985).
La noticia fue confirmada hoy por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, que en unas declaraciones a Radio Sarandí la justificó por los "antecedentes" de la jueza.
"Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo", afirmó.
Mota participó en 2011 en la Marcha del Silencio, una multitudinaria manifestación que se realiza cada mes de mayo por el centro de Montevideo y en la que miles de personas portan velas y caminan en silencio en memoria de los desaparecidos durante la dictadura militar.
Por ese episodio, en el que según Mota solamente estuvo presente pero no marchó con el resto de manifestantes, la magistrada fue objeto de una investigación administrativa.
La magistrada también tuvo problemas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por sus diferencias sobre el caso de un avión que desapareció en aguas del Río de la Plata el pasado mes de junio.
El traslado de Mota fue recibido con molestia por la exfiscal Mirtha Guianze, que lo consideró "sorprendente e indignante", aunque advirtió que "se veía venir".
"Es un retroceso importantísimo de la justicia en Uruguay y una victoria de la impunidad", afirmó a Efe la fiscal, que investigó las desapariciones y muertes de la maestra Elena Quinteros y del matrimonio Julien, dos casos emblemáticos de la dictadura.
"Mota es una persona que tiene una visión global de lo que pasó en la dictadura, tenía una gran dedicación a su trabajo y una calidad humana impresionante", relató.
Guianze denunció, además, que el traslado de la magistrada provocará una "parálisis de los juicios que tiene pendientes", ya que "tenía que resolver casos que implican a personalidades importantes en la órbita militar".
Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia, que llevó el caso de Quinteros, lamentó la medida y dijo que la jueza "llevaba la mayor cantidad de causas de crímenes de la dictadura y trabajaba con profesionalidad y honestidad"
El abogado manifestó a Efe que la medida "va en sentido contrario a lo ordenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", que en un fallo emitido en 2011 exigió que al Estado uruguayo que su legislación no sea un freno para el esclarecimiento de los crímenes de esa época.
En cambio, la noticia fue bien recibida por los militares retirados, para quienes "demuestra que aún se puede confiar en la justicia" en el país, según señaló al diario El País el presidente del Círculo Militar, Guillermo Cedrez
Cedrez aseguró que Mota cometió "irregularidades de todo tipo" y denunció que no era "imparcial", algo "inadmisible para un juez".
Según él, la jueza "discriminaba a los militares cuando interrogaba".
"Eran indagados y los citaba como testigos para que no tuvieran asesoramiento legal durante el interrogatorio, y después los pasaba a indagados cuando ya estaba todo el pescado vendido", argumentó.
Varias organizaciones sociales, como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay o Crysol convocaron para este viernes una manifestación frente a la sede de la SCJ en señal de repudio por el traslado de Mota.
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