La Paz, 20 feb.- La dimisión en los últimos días de los presidentes de los tribunales Supremo y Constitucional y la destitución de un fiscal regional por supuesta corrupción avivaron hoy en Bolivia la polémica sobre la crisis del Poder Judicial.
El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Marcelo Elío, pidió hoy a los magistrados que "tomen conciencia y que puedan viabilizar que la Justicia cambie porque, de lo contrario, la Justicia ingresará en una crisis mucho más profunda".
Con la elección mediante el voto popular de los altos cargos en los principales entes del órgano judicial en 2011 se esperaban en el país andino cambios importantes en ese poder, marcado por el estigma de la corrupción y los retrasos crónicos en los procesos.
Sin embargo, a casi dos años de que los magistrados electos asuman sus cargos, los problemas aún no han sido resueltos, por lo que continúan las críticas, tanto de opositores como de oficialistas.
La desaprobación se incrementó con la renuncia hace dos semanas de Gonzalo Hurtado a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la decisión tomada el miércoles por el magistrado Ruddy Flores de poner su cargo de presidente del Tribunal Constitucional (TC) a disposición de sus colegas de esa institución.
A ello se suma la destitución conocida hoy del fiscal de distrito de la región andina de Oruro, Francisco Terán, acusado de realizar cobros a cambio de designaciones y de ejercer influencia en algunos procesos, y otras denuncias similares hechas a principios de mes por la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.
Incluso el presidente Evo Morales afirmó la semana pasada que "en vano" se incorporaron "poncho, pollera y sombreros" al órgano judicial (en alusión al origen indígena de varios de los magistrados electos en 2011) porque, según dijo, no cambió "nada".
Para el gobernante, las demoras y la corrupción "son el cáncer de la Justicia boliviana".
El diputado opositor Luis Felipe Dorado consideró hoy que "la Justicia está podrida" y denunció que existe una falta de independencia de poderes por las supuestas injerencias del Gobierno.
"Los que esperaban que la mera elección resolviera todos los problemas de la justicia boliviana eran más bien el oficialismo y los que apoyaron esa medida con un entusiasmo que ya no se ve. Hoy queda claro que esa medida por sí misma no iba a significar una mejor justicia", comentó hoy a Efe el analista Gonzalo Mendieta.
Según Mendieta, las dimisiones son "síntomas" de la crisis, pero también las atribuyó a divergencias entre los magistrados porque, a su juicio, "pareciera que lo que ha causado la elección es que cada cual se sienta el primus inter pares (el primero entre iguales)".
Opinó que sería necesario crear una instancia independiente para evaluar a jueces y fiscales y con capacidad para premiar a los "virtuosos" y castigar a quienes no realicen su labor.
Para evitar que esa entidad se contamine políticamente, sugirió replicar la experiencia que se tuvo en la Corte Nacional Electoral en los años 90, cuando se nombró como vocales a un grupo de ciudadanos notables para recuperar la credibilidad de ese sistema.
En cambio, la senadora oficialista Sandra Soriano, declaró que la elección de magistrados en las urnas impulsada por Morales "fue un gran salto" porque se permitió la participación del pueblo.
Según Soriano, el que los funcionarios de ese órgano no cumplan con el mandato popular significa "defraudar al pueblo", si bien consideró que la ausencia de valores éticos y morales en algunos magistrados es más un problema personal que institucional.
La parlamentaria indicó a Efe que la reforma del Poder Judicial está en agenda, pero sostuvo que los problemas de valores y principios de los administradores de justicia no se resuelven con leyes.
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