Policía colombiana se disculpa por violación y muerte de niña en un cuartel

Bogotá, 10 abr.- La Policía colombiana ofreció hoy de manera pública disculpas por la violación y muerte de una niña de 9 años a manos de un miembro de la entidad en hechos que se presentaron hace casi dos décadas en un cuartel de la institución en Bogotá.

El acto fue celebrado en la sede de la Policía Metropolitana de la capital colombiana y se derivó de un reciente fallo del Consejo de Estado, que le ordenó a la Policía Nacional pedir disculpas públicas por el crimen de la menor, Sandra Catalina Vásquez.

En la sentencia, adoptada hace cuatro semanas, el mismo alto tribunal de la justicia contencioso administrativa también ordenó a la institución indemnizar a la familia de la niña.

"Públicamente pedimos perdón", expresó el inspector general de la Policía Nacional, el general Édgar Orlando Vale, quien encabezó el acto en un auditorio policial del centro bogotano.

"En este momento sentimos mucho dolor por estos hechos", agregó el jefe policial, y recordó que el responsable del crimen, que causó consternación en el país, fue un miembro de su institución.

La niña fue hallada muerta el 28 de febrero de 1993 en los baños de una estación policial del centro de Bogotá a la que había llegado en busca de su padre, el también policía Pedro Gustavo Vásquez.

Al parecer, la menor se extravió en el edificio, en el que ingresó junto a su madre, Sandra Yanhet Guzmán.

El padre de la niña fue en un principio implicado en el caso, como presunto responsable, pero una investigación con apoyo estadounidense, mediante pruebas de ADN, permitió identificar al criminal, el entonces policía Diego Fernando Valencia.

Valencia fue procesado y condenado a 45 años.

En su fallo, el Consejo de Estado consideró que era "inadmisible que al interior de las instalaciones de la Policía Nacional se hubiesen cometido semejantes actos delictivos de las dimensiones como el aquí estudiado".

Son hechos que "pueden catalogarse como de vergüenza nacional", advirtió el mismo tribunal tras indicar que el responsable fue un miembro de las fuerzas de seguridad que "desconoció flagrantemente los derechos a la vida e integridad personal de una menor de edad".

La causa ante el Consejo de Estado fue promovida por el padre de la menor, a quien la Policía Nacional deberá indemnizar con el equivalente a unos 30.900 dólares.