Policía uruguaya desaloja Suprema Corte ocupada por manifestantes

Montevideo, 15 feb.- La Policía uruguaya desalojó hoy la Suprema Corte de Justicia (SCJ) unas tres horas después de que fuera ocupada por decenas de manifestantes que trataron de impedir la reubicación en un juzgado civil de una jueza clave en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura (1973-1985).

Efe pudo constatar en el lugar que los uniformados lograron sacar de forma pacífica en diez minutos a los activistas que habían ingresado al edificio para impedir la ceremonia en la que la magistrada Mariana Mota asumiría su nuevo cargo.

Mota aceptó hacerse cargo de un Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Civil de Montevideo, después de ser separada esta semana de su labor en el ámbito penal, donde estaba a cargo de una cincuentena de expedientes de la dictadura.

Los activistas habían sido convocados por organizaciones civiles como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay y Crysol.

Después del desalojo y la ceremonia de asunción de Mota, que estaba prevista inicialmente para las 11.00 hora local (14.00 GMT), la jueza salió con el rostro serio y acompañada de algunos familiares, mientras los manifestantes la aplaudían.

Al principio de la protesta y antes de que la policía anunciara su intención de vaciar el inmueble hubo empujones, forcejeos e insultos entre los activistas y una veintena de policías que se desplazaron hasta allí para asegurar que se realizara la ceremonia.

El traslado de Mota fue motivo esta semana de una fuerte polémica en el país desde el momento en que fue anunciado por la SCJ.

El jueves el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak lo justificó por los "antecedentes" de la jueza.

"Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo", afirmó.

Mota participó en 2011 en la Marcha del Silencio, una multitudinaria manifestación que se realiza cada mes de mayo por el centro de Montevideo y en la que miles de personas portan velas y caminan en silencio en memoria de los desaparecidos durante la dictadura.

Por ese episodio se efectuó una investigación administrativa contra la magistrada, que también tuvo problemas el año pasado con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por sus diferencias sobre el caso de un avión que desapareció en aguas del Río de la Plata el pasado mes de junio.

Algunos profesionales del medio judicial consideraron la medida "sorprendente e indignante", además de "un retroceso importantísimo de la justicia en Uruguay y una victoria de la impunidad", como afirmó la exfiscal Mirtha Guianze.

Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia valoró la medida "de forma muy negativa" ya que la jueza "llevaba la mayor cantidad de causas de crímenes de la dictadura y trabajaba con profesionalidad y honestidad".

Tanto Guianze como Chargoñia participaron en procesos judiciales contra los represores de aquella época.

En cambio, la noticia fue bien recibida por los militares retirados, para quienes la medida "demuestra que aún se puede confiar en la justicia".

Según el presidente del Círculo Militar, Guillermo Cedrez, Mota cometió "irregularidades de todo tipo" y no era "imparcial", algo "inadmisible para un juez".