Por primera vez un partido político foráneo será parte de acusación en Italia

Roma, 11 oct.- Una decisión "histórica" ha permitido al Frente Amplio uruguayo, coalición gubernamental en el país suramericano, personarse en Italia como parte de la acusación en el llamado "Proceso Cóndor", que también integrarán los Estados italiano y uruguayo.

El juez Alessandro Arturi debe dictaminar la solicitud de enjuiciamiento de 35 imputados, hecha por el fiscal Giancarlo Capaldo, por la muerte y desaparición de 23 italianos durante la represión urdida por varias dictaduras sudamericanas para reprimir a la oposición política de manera coordinada en la década de los 70 y 80 del pasado siglo.

La audiencia preliminar, que comenzó hoy en el Tribunal de lo Penal de Roma y continuará el próximo 22 de noviembre, se celebró a puerta cerrada.

Arturi ha admitido a los Estados de Italia y Uruguay y al Frente Amplio como partes, pero ha desestimado al Partido Demócrata (PD) italiano y a la región italiana de Emilia Romaña (centro-norte), alegando que "no tienen conexión inmediata con las personas involucradas", según explicaron a Efe fuentes presentes en la vista.

La decisión de admitir al Frente Amplio como parte en la acusación es "histórica", como apuntó el abogado del PD, Antonello Madeo, puesto que "es la primera vez que una formación política extranjera se constituye como parte civil de un proceso celebrado en Italia".

Una de los familiares de las víctimas, Cristina Mihura, cuyo esposo, Armando Bernardo Arnone, desapareció en Argentina, expresó su satisfacción por la celebración de esta audiencia preliminar.

"Este proceso se inició hace más de diez años. Ha sido muy difícil y complicado y por eso necesitamos la ayuda de todos. Todavía hoy sigo sin saber dónde están los restos de mi marido y de sus compañeros", declaró.

Los imputados en el Proceso Cóndor son 17 uruguayos, 12 chilenos, dos bolivianos y cuatro peruanos, todos ellos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978, según consta en la demanda fiscal.

Dos de los 35 destinatarios de la petición de enjuiciamiento por parte de la Fiscalía de Roma, el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas y el expresidente uruguayo Juan María Bordaberry Arocena, ya han fallecido.

En la lista de los acusados uruguayos destaca el nombre del exdictador Gregorio "Goyo"Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985) y que fue presidente "de facto" de 1981 a 1985.

Además están incluidos los militares José Ricardo Arab, Carlos Calcagno, Jose "Nino" Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José Felipe Sande, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio; el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

Entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark; el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.

Asimismo, también están imputados el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

Los bolivianos para los que se ha pedido la apertura de un juicio son el general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980; y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

La Operación Cóndor, un plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.