Por qué Gallardón no está imputado en Lezo pero sí sus máximos colaboradores

Fue una compra ruinosa. Un dispendio de dinero público de todos los madrileños con derivaciones en un paraíso fiscal. La compra de la colombiana Inassa en 2001 por el Canal de Isabel II -la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid- fue aprobada por el Gobierno regional que presidía en ese tiempo Alberto Ruiz Gallardón (PP). Esa operación, investigada en el caso Lezo, ha provocado la imputación de dos de los principales colaboradores del expresidente madrileño, exalcalde y exministro de Justicia, sus exconsejeros Pedro Calvo y Juan Bravo. Pero, ¿por qué no la de su jefe directo?

El auto por el que el juez Diego de Egea (en apoyo de Manuel García Castellón) acordó ayer tomarles declaración como investigados a petición de Anticorrupción, da alguna explicación. En el caso de Calvo y Bravo, es muy simple. El exconsejero de Medio Ambiente era, en el momento de los hechos, presidente del consejo de administración del Canal. El órgano ejecutivo que presidía, además, lo facultó expresamente para que negociara la compra de la compañía colombiana, algo que hizo junto al ex director gerente y posterior Defensor del Menor, Arturo Canalda.

Fue este último, Canalda, quien, previamente a esa autorización, ya estaba en tratos para adquirir el 75% de esa sociedad latinoamericana, algo que hizo en contra del acuerdo del consejo. Entre las irregularidades que relata el juez y que Canalda habría aceptado, se encuentra la adquisición de Sociedad de Aguas de América, una sociedad radicada en un paraíso fiscal, Panamá, a través de la cuál se adquirió la participación en la colombiana, algo que no había permitido el órgano rector del Canal.

Sin embargo, el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente de la empresa pública de aguas, sí habría tenido conocimiento de esas irregularidades. El instructor relata en su resolución cómo, una vez cerrados los términos de la operación, ésta fue de nuevo aprobada por el consejo de administración del que formaba parte Calvo como presidente y Juan Bravo como consejero. Así se acordó en una reunión de ese órgano celebrada el 14 de noviembre de 2001.

El acuerdo del consejo no hacía ninguna mención en su texto a la interposición de esa sociedad panameña, pero el juez sabe que aparecía en gran parte de los informes que manejaron los miembros del consejo (también Calvo y Bravo) para tomar su decisión. Algunos hasta desaconsejaban la operación por sus conexiones con un territorio off shore. Así pues, los exconsejeros de Medio Ambiente y Hacienda de Gallardón habría tenido conocimiento de que no se estaba actuando conforme a derecho, al igual que el resto de ejecutivos, que también están citados como imputados.

Una vez aprobada por el Canal, la compra pasó para su aprobación definitiva al Gobierno de la Comunidad de Madrid que lo abordó dos semanas después, el 29 de noviembre. El acuerdo fue firmado por Juan Bravo como consejero de Hacienda y por Gallardón como presidente de la Comunidad. 

Este fue el único acto en el que participó el exalcalde y exministro. El problema es que, hasta el momento, en el sumario no consta el acta de ese Consejo de Gobierno. Tampoco se conoce si el Ejecutivo madrileño tuvo sobre la mesa los mismos informes que pasaron por el consejo del Canal y que advertían de las irregularidades. Es decir, por ahora no consta que Gallardón conociera que lo que estaba firmando como presidente era a todas luces ilegal.

El juez, sin embargo, avisa de que esa información, la de la documentación que Gallardón y su gabinete manejaron, "resulta esencial para poder avanzar en la investigación". En caso de que quede acreditado que conocían los detalles de la compraventa se les aplicará el mismo rasero que a los miembros del consejo de la sociedad pública madrileña. Solo en ese caso, Gallardón y el resto de sus consejeros tendrán que desfilar ante el juez también como imputados para dar explicaciones de su actuación.