Madrid.- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy por unanimidad solicitar a la Comunidad que vuelva al consenso alcanzado el pasado 7 de julio en torno a la Cañada Real de manera que el acuerdo social sobre las condiciones de vida de los habitantes de esta zona sea previo a cualquier venta del terreno.
Los tres grupos con representación en el Pleno han votado una transaccional conjunta que sustituía a dos proposiciones presentadas por el PSOE e IU.
La transaccional finalmente aprobada pide a la Comunidad y al resto de administraciones implicadas "que alcancen, cuanto antes, un acuerdo social que permita ofrecer una solución definitiva e integral al problema de la Cañada Real Galiana".
Para ello, continúa, considera "imprescindible" que la Asamblea apruebe la Ley de la Cañada Real "a la mayor brevedad posible" y que el texto definitivo "refleje el consenso alcanzado entre las administraciones el 7 de julio de 2009".
Esto es, "que sea requisito imprescindible que las administraciones implicadas alcancen un acuerdo social antes de iniciar cualquier negocio jurídico con los terrenos desafectados".
También solicita "que se abran negociaciones entre todas las administraciones respecto al acuerdo social", en este caso "comprometiendo las medidas transitorias que correspondan a cada Administración para garantizar los servicios básicos de salubridad, dignidad y seguridad".
Por último, pide que "una vez alcanzado el acuerdo social se desarrollen con celeridad los instrumentos necesarios para ponerlo en práctica de forma eficaz".
La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, ha manifestado que el borrador de la Ley "tuvo consenso en su momento, el 7 de julio, en torno al principio de que nunca se pueda vender sin un acuerdo social previo".
Sin embargo, ha dicho, "el modelo quiebra" cuando la Comunidad añadió un punto que establece un plazo de dos años desde la aprobación de la ley para efectuar cualquier negocio jurídico sobre el suelo al margen del acuerdo social, por lo que fue rechazado por el Ayuntamiento.
A su juicio, es "muy importante que se vuelva a ese modelo" y si la Comunidad quiere establecer un plazo para alcanzar un acuerdo social, de "dos años, un año o 24 horas", que añada que en ese caso no se pueda vender el terreno, "si no -ha subrayado-, será inviable la solución".
El portavoz socialista, David Lucas, ha calificado como "totalmente injusto, inadmisible e insostenible" que en la ciudad exista una zona como el poblado de el Gallinero, en el que viven unas 500 personas, de los que casi 300 son niños, que "conviven con las ratas, con toneladas de basura, con el consiguiente riesgo higiénico sanitario".
Por eso ha considerado "muy urgente" que se retire toda la basura, que se coloquen "por lo menos" cuatro letrinas y que se acondicione el caño de agua del que se abastecen.
También cree urgente que se lleva a la zona un equipo de atención social, que haya más agentes tutores, que se desarrollen actuaciones preventivas en materia de droga y que se acerquen los servicios sociales.
En su turno, el portavoz de IU, Ángel Pérez, ha confesado que, "conociendo el lugar, un lugar donde acaban los discursos grandilocuentes, es difícil sentirse agusto con uno mismo y no dudar de la eficacia de la política", porque estos ciudadanos, la mayoría de ellos rumanos, no tienen agua ni luz, no se les recoge la basura y no se escolariza a los niños.
Ante esta situación, IU demanda a la Comunidad una sala de venopunción (narcosala) y a la Delegación del Gobierno que acabe con la venta de droga.
"No queremos caridad, queremos hacer algo para que esa gente adquiera sus derechos", ha manifestado Pérez, que ha insistido en la "urgencia" de actuar en cuanto la Ley se apruebe.
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