El presidente de la Confederación Española de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliso Calviño, se ha mostrado confiado en que el sumario de la 'Operación Zeta' -que investiga un supuesto fraude en la obtención de subvenciones públicas para cursos de formación- "se desinfle como un soufflé".
En declaraciones a los periodistas, antes de declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, el presidente de Caype ha señalado que su intención es exponer "las cosas que son la realidad". "No especulaciones", ha dicho al criticar el contenido de la investigación.
"A ver si de una vez, se desinfla el soufflé que se ha creado de forma ficticia", ha insistido el presidente de Caype, quien ha asegurado que no se siente "reflejado" con los presuntos delitos con los que se vincula y con una investigación que se inició a finales de 2011 a partir de la denuncia de dos exempledas suyas sobre supuestas irregularidades en su gestión.
PREMISAS "FALSAS"
Por su parte, su letrado Xosé Antón Pérez-Lema ha afirmado que ofrecerán una "versión coherente" frente a un sumario "inflado" y con "especulaciones de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía y de la Agencia Tributaria", ha añadido.
"Se empieza a deshinchar un sumario caótico con unas conclusiones que derivan de premisas falsas", ha añadido en línea con las manifestaciones de su cliente. Con todo, ha señalado que los autores de los informes surgidos de la investigación están hechos por "funcionarios públicos honrados, pero que no saben nada de formación".
En alusión al informe pericial que el abogado del empresario Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la trama, ha avanzado que presentarán explicando cómo se desarrollaban los cursos, ha dicho que "parece que el destinatario de la formación, de las ayudas públicas, son los usuarios".
"Y, por no tanto, no hay ningún delito de estafa, no hay daño patrimonial, es una contratación pública y no un expediente de subvenciones", ha argumentado.
INVESTIGADOS
Inicialmente, en esta causa, fueron citados en condición de investigados un total de 30 personas, entre ellos las dos personas citadas a declarar en diciembre. En un posterior auto de la jueza, figuraron 25 nuevos investigados y otros 23 testigos.
En ella, se investiga un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña.
En concreto, es por los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.
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