El presidente de Caype defiende que "todos" los cursos investigados en la 'Zeta' se impartieron

El presidente de la Confederación Española de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliso Calviño, ha defendido, a la salida de los juzgados tras declarar por la 'Operación Zeta' -que investiga un supuesto fraude en la obtención de subvenciones públicas para cursos de formación", que estas actividades "se impartieron".

"Absolutamente todos", ha dicho, a los periodistas tras declarar durante aproximadamente hora y media, sobre los cursos organizados. "Si no estaríamos diciendo que la Administración -en la que ha incluido tanto a la central como laautonómica- está compuesta por una panda de paletos", ha manifestado.

Por su parte, su abogado, Xoán Antón Pérez-Lema, se ha mostrado convencido de que este procedimiento acabará en "sobreseimiento" y no ha descartado que su cliente emprenda, cuando acabe el proceso, acciones penales por los "daños patrimoniales y de imagen".

En declaraciones a los periodistas, el presidente de Caype ha insistido en que todos los cursos de esta organización han sido "antes de darnos el dinero, controlados por el Gobierno central y la Xunta de Galicia". "Si tenían un fallo, al año siguiente no te daban nada".

UNA TRAMPA" A CRESPO

Como hizo antes de declarar, ha cuestionado el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y ha descartado cualquier vinculación en su caso con los hechos que se investigan. Preguntado por el hecho de que se detectasen, según la investigación, algunos cursos con aulas vacías ha señalado que "eso no tiene nada que ver con Caype".

"Eso ha sido la trampa que le pusieron a Gerardo Crespo para hundirlo", ha expuesto sobre el empresario coruñés y al que los investigadores consideran el presunto cabecilla de la trama.

"Fueron cinco cursos que se dieron expresamente para hundirlo y que el día que tenían que empezar ya tenían un inspector de la Xunta de algún amigo o amiga de Gerardo que tenía en la Xunta". "Caype no era ni fue nunca amigo o amiga de la Consellería de Traballo". Además, ha argumentado que "a partir de ahí" el departamento autonómico "denunció" ante la Fiscalía a Azetanet.

"ENREQUECIMIENTO" DE LA ADMINISTRACIÓN

Por su parte, su letrado Xosé Antón Pérez-Lema ha precisado que su cliente solo contestó a sus preguntas, en concreto la gestión entre 2004 y 2009. "De los 4,7 millones recibidos en esos seis años, solo hubo dos expedientes de reintegro, por cantidades de unos 200.000 y 100.000 en los ejercicios 2007 y 2009", según ha apuntado.

"Si los especialistas, Fundación Tripartita del Ministerio de Trabajo, que controlan este dinero, determinan que solo hay estos dos problemas cómo se puede defender por parte de la Unidad de Delitos Fiscales de l a Policía y de la Agencia Tributaria que haya una apropiación de 4,7 millones de euros", se ha preguntado.

Por otra parte, ha insistido en el "control" por parte de la Administración de los cursos impartidos y ha recalcado que lo que hacía Caype era prestar un servicio a la Administración que esta no hacía "por gestión directa".

"Al final lo que tienen las administraciones públicas es un enriquecimiento", ha añadido en línea con lo expuesto este martes por el presunto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo, también investigado por la actividad de sus empresas de formación.

SIN "DAÑO PATRIMONIAL"

Por ello, ha cuestionado que exista un delito de estafa continuado por parte de su cliente ya que ha rechazado que exista un "daño patrimonial" a la Administración.

Inicialmente, en esta causa, fueron citados en condición de investigados un total de 30 personas. En un posterior auto de la jueza, figuraron 25 nuevos investigados y otros 23 testigos.

En ella, se investiga un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña.

En concreto, es por los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.