El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y el PNV, ese que Rajoy y Ortúzar cerraron a última hora acompañados de sus lugartenientes Soraya Saénz de Santamarí y Aitor Esteban en Moncloa, no solo incluye la mejora de las pensiones o retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. El pacto también tiene su letra pequeña y esta tiene que ver con Cataluña. El presidente del Ejecutivo se ha comprometido con sus socios en Madrid a buscar una solución política para el conflicto independentista. Eso implica que el artículo 155 cesará para no volver en cuanto el nuevo Govern tome posesión y que entonces se abrirá una 'operación diálogo II', es decir, una reedición del malogrado plan que lideró la vicepresidenta.
Durante las negociaciones tanto en Moncloa como a través del teléfono, el PNV exigió a Rajoy un compromiso firme para "acabar con el 155 y abrir un nuevo tiempo político", según explican fuentes conocedoras del contenido de los contactos. Así, el artículo constitucional decaerá automáticamente al minuto uno de que el nuevo Ejecutivo catalán sea investido, compromiso que forma parte del acuerdo que cerró el Gobierno con PSOE y Cs para aplicarlo. Y, a partir de entonces, el inquilino de La Moncloa ha dado el 'sí' al PNV para sentarse a dialogar con el nuevo president de la Generalitat y su equipo.
El PNV se garantiza así ser un actor clave en la solución del conflicto catalán. El lehendakari Íñigo Urkullu medió entre Rajoy y Carles Puigdemont los días posteriores al 1-O, intentando evitar una declaración unilateral de independencia. Ahora, los jeltzales quieren recobrar ese papel protagonista en un asunto sensible para ellos.
Desde Sabin Etxea se pidió a Rajoy un compromiso y el presidente lo cumplió verbalizando en el Congreso, a media mañana del miércoles en el que se debatían las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, que era partidario de abrir ese nuevo tiempo político en Cataluña. En el PNV existía inquietud por las palabras que en los días previos habían pronunciando dirigentes del PP como Xavier García Albiol o Enric Milló apostando por la continuidad del 155, de ahí que para los nacionalistas vascos fuera importante que Rajoy zanjara la posibilidad de mantener un artículo constitucional con el que ambas partes quieren acabar cuanto antes. "Hay una mayoría muy importante en la sociedad catalana y española" que considera que lo "urgente y lo razonable es formar un Gobierno que permitiría abrir una nueva etapa que tiene sus consecuencias", aseguró el líder del PP.
Rajoy ya ha tenido un primer gesto con el PNV para que el nuevo gobierno catalán sea una realidad. De hecho, el Ejecutivo central ha hecho caso omiso a la petición de Cs y no tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional la delegación de voto de Toni Comín. El diputado de ERC es clave en una futura sesión de investidura ya que así el bloque nacionalista podría prescindir de los votos de la CUP (que solo quiere como candidato a Puigdemont) y poder elegir a otro candidato 'limpio'. El PP catalán sí que tiene previsto recurrir el voto de Comín, pero el hecho de que no sea el Gobierno quien presente el recurso es decisivo, ya que ello supondría la suspensión inmediata de una investidura. Si lo hacen los populares en Cataluña los plazos, sin embargo, se alargarían y la solución sería algo más sencilla.
Las fuerzas soberanistas catalanas tienen de plazo hasta el 22 de mayo para poder formar Gobierno. En el Ejecutivo y en el PNV tienen claro que Puigdemont no podrá ser investido, de forma que JxCat y ERC tendrán que terminar optando por un nuevo candidato (como Elsa Artadi) que reúna las condiciones necesarias para ocupar la presidencia de la Generalitat. Eso provocará la formación de un gobierno y, a partir de ahí, con el 155 ya decaído, el PNV podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en la fase de enmiendas parciales.
La operación diálogo que fracasó
Fue en noviembre de 2016 cuando Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba por todo lo alto la llamada 'operación diálogo' con Cataluña. El objetivo era intentar evitar un choque de trenes entre la Generalitat y el Gobierno central a través de lo que llamó el "consenso", pero siempre bajo el más absoluto "respeto a la ley". Incluso el Gobierno anunció un potente plan de inversiones en infraestructuras en Cataluña que nunca se ha hecho realidad. La número dos de Rajoy nombró a un nuevo delegado del Gobierno, Enric Milló, le encargó ser sus ojos y sus oídos en la región y abrió un despacho en la propia delegación en Barcelona. Pero la estrategia hizo agua.
Fue un verano complicado, que culminó con el 1-O y lo sucedido después. Pero en Moncloa siempre apostaron por la negociación. "Diálogo permanente sin fecha de caducidad", decía el portavoz del Gobierno Méndez de Vigo cada viernes tras los Consejos de Ministros. Pero Puigdemont y Junqueras no atendieron las llamadas y optaron por una vía unilateral que les llevó a la fuga o a la cárcel. En esta 'operación diálogo II' tanto Rajoy como el PNV esperan obtener mejores resultados.
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