Hacienda admite una factura de 6.300 millones por el 'regalo' a los funcionarios

Día 9 de marzo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, formaliza un acuerdo largamente negociado con los sindicatos de la función pública. El pacto, extraordinariamente generoso, contemplaba una subida salarial que, en el mejor de los escenarios, supondrá para los empleados de las administraciones una subida cercana al 9% entre 2018 y 2020. Ahora, en la actualización del Programa de Estabilidad y del Plan Presupuestario remitido a Bruselas, el Ejecutivo desglosa parte del coste de ese compromiso. Y demuestra que las rendijas del Presupuesto son socavones que parecen aguantarlo todo si la voluntad política existe.

En efecto, solo el incremento salarial del 1,75% -más el 0,20% de fondos consignados para la equiparación de las diferentes administraciones- tendrá un coste de 2.691 millones de euros en 2018. Para hacerse una idea de lo que supone esa cuantía, el presupuesto de las políticas de atención a las personas dependientes se sitúa este año en algo más de 1.400 millones. En esta línea, la partida de Educación, que pese a ser una competencia transferida a las comunidades autónomas incluye toda la política de becas y de programación estratégica, apenas alcanza los 2.600 millones de euros. Se trata, pues, de un esfuerzo no baladí.

Por si fuera poco, el Gobierno prevé que la cifra se dispare en 2019, cuando tendrá que afrontarse una subida salarial mínima del 2,5% y máxima del 2,75%. En volumen, la horquilla del gasto en el próximo ejercicio estará entre los 3.477 y los 3.653 millones, según reza el Programa de Estabilidad. Y es que según el acuerdo alcanzado, los empleados públicos dispondrán de una subida garantizada del 2,25%, más un 0,25% variable en función del PIB y otro 0,25% de los citados fondos de equiparación. En total, solo entre 2018 y 2019 la factura por el acuerdo plurianual podría llegar hasta los 6.344 millones.

Aunque el Plan no ofrece datos sobre 2020, a la vista del coste asumido en 2019, el recibo global no debería estar por debajo de los 10.000 millones. No en vano, la subida dentro de dos años incluye un 2% fijado a fuego más una parte variable que podría sumar un 1,55% adicional en función del crecimiento y el cumplimiento del objetivo de déficit. Además, es una carga compartida. Como bien recuerda el Gobierno en el documento remitido a Bruselas, “la cifra corresponde al conjunto de las administraciones públicas: administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social”.

Más 1.200 millones en 2017

El informe también detalla el gasto acometido por el aumento salarial de un 1% ya hecho efectivo en 2017. En concreto, las arcas públicas se enfrentaron a un agujero de 1.203 millones por este concepto. En un trienio (2017-2019), el impacto de los incrementos salariales en la función pública se acomodarán en la friolera de 7.547 millones de euros. ¿Argumento? “Reconocer la labor del personal al servicio de las administraciones, su compromiso y su esfuerzo colectivo y su contribución al interés general y a la mejora de la situación economía”, según explicaba Moncloa haciendo referencia al texto del acuerdo alcanzado con los sindicatos.

Con efectos colaterales, eso sí. Por ejemplo, en términos de precios. Sin ir más lejos, el Plan de Estabilidad reconoce que el deflactor del consumo público pasará del 0,3% en 2017 a multiplicarse por cinco en 2021, último ejercicio para el que se ofrece previsión. El indicador se mantiene estable en el caso del consumo privado. “El perfil del deflactor del consumo público viene determinado, en gran medida, por la subida de salarios públicos acordada en el Gobierno y los sindicatos para el periodo 2018-2020, presentando una aceleración gradual hasta una tasa del 1,6% en 2021”, admite el documento.

El año próximo, igualmente, se contemplan dos impactos adicionales por medidas de menor calado. Por ejemplo, se apunta un coste máximo de 247 millones por la posibilidad de que las administraciones públicas retiren los descuentos aplicados a las retribuciones de funcionarios en situación de incapacidad laboral. Todo dentro del acuerdo alcanzado con los sindicatos. En esta línea, también tendrá un efecto de 47 millones la aplicación de una tasa de reposición del 100% en aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. Una época de vacas gordas en la función pública tras los ajustes de la crisis. El discurso de la austeridad, visto también el alarde con los pensionistas, ha pasado a mejor vida.