Ponta, de 42 años, que clama su inocencia, es el primer jefe de gobierno rumano a tener que defenderse ante un tribunal mientras sigue en funciones.
El lunes declaró en una entrevista que "respetaría la decisión de los jueces", a la vez que dejó clara su intención de quedarse en el puesto hasta las elecciones de finales de 2016.
Ponta está acusado de "17 infracciones de falsificación de documentos, de complicidad de evasión fiscal y de blanqueo" por hechos que se remontan a 2007-2011, cuando era abogado.
En el poder desde mayo de 2012, Ponta rechazó los llamamientos a dimitir lanzados por el presidente conservador Klaus Iohannis y por la oposición de centroderecha.
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