Prisión a condenados por corrupción es golpe "real" a impunidad, dice jurista

Waldheim García Montoya

Sao Paulo, 16 nov.- Las prisiones que comenzaron a ser efectivas desde el viernes contra doce de los condenados en el juicio por corruptelas registradas durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva son un golpe "real" contra la impunidad, afirmó hoy la abogada Nê Fonseca.

"Más allá de que fue un hecho inédito para la política y la jurisprudencia brasileña, desde la decisión del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) hasta la prisión de los condenados, se trata de un golpe real contra la impunidad que caracteriza siempre los procesos por corrupción", señaló Fonseca a Efe.

Ayer, el presidente del STF, Joaquim Barbosa, sin consultar al resto de magistrados como lo permite el uso de sus facultades, determinó la orden de captura para doce de 16 condenados del llamado "juicio del siglo", quienes no tienen más instancias de apelación en por lo menos uno de los cargos imputados.

En total, de los 38 investigados por el caso del "mensalao" (gran mesada), entre quienes figuran políticos y empresarios, 25 fueron condenados en diciembre de 2012 y de ellos nueve tienen recursos pendientes en la Justicia.

La corte suprema juzgó la red de corrupción tejida por el Partido de los Trabajadores (PT) en 2002, cuando Lula ganó por primera vez las elecciones, y que según consideró probado el STF le permitió costear campañas y sobornar a otros cuatro partidos que le dieron al Gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.

"La imagen que la corte suprema había conseguido al condenar a los acusados, incluso con el voto de magistrados que habían sido indicados para llegar al STF por el (entonces) presidente Lula, estaba corriendo el riesgo de desmoronarse si no se hacían efectivas las prisiones", comentó Fonseca.

Muchas personas ajenas al entendimiento jurídico del complejo caso siguieron atentas por la televisión las sesiones del STF en las que se juzgaron a los acusados y Barbosa, que también fue relator del proceso, pasó a tener un reconocimiento en las calles y en diferentes esferas sociales del país.

"El magistrado Barbosa demostró que en este país se puede hacer justicia con los de 'cuello blanco' y nos pasó, a los que no entendemos nada de leyes, que se puede confiar en la Constitución del país", expresó a Efe la empleada doméstica Hilda Pereira, también de raza negra como el presidente del STF.

El expresidente del PT José Genoino y el exministro de Presidencia José Dirceu, dos emblemáticas figuras del partido de Gobierno, fueron ayer los primeros en entregarse a la Policía Federal (PF) en Sao Paulo.

Genoino, Dirceu y siete implicados más que se entregaron en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, entre ellos el publicista Marcos Valerio, apuntado como el operador del esquema, fueron trasladados hoy en un avión de la PF a Brasilia, donde serán remitidos a presidios para cumplir sus condenas, algunas en régimen semiabierto.

El exdirector de Márketing del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato, único de los condenados con orden de captura en Río de Janeiro, huyo a Italia antes de salir la decisión del STF y según sus abogados y familiares pedirá un nuevo juicio en el país europeo, donde tiene también nacionalidad.

El juicio y la ejecución de las condenas fueron interpretadas por el diario Folha de Sao Paulo como una forma de alejar la situación de las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del próximo año y una forma del PT demostrar que su Gobierno combatió la corrupción a pesar de estar salpicados varios de sus militantes.

El senador opositor Álvaro Dias, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), coincidió en una declaración pública al afirmar que "es posible ver a la Justicia derrotando la impunidad".

El presidente del opositor Demócratas (DEM) y también senador, Agripino Maia, publicó por su parte en una red social que "la decisión del STF dejó claro que la organización criminal existió, práctico el crimen y fue castigada".

En declaraciones al diario O Globo de Río de Janeiro, el exmagistrado Carlos Ayres Britto, quien presidió 50 de las 54 sesiones del proceso, defendió por su lado la "legitimidad" con la que actuó la máxima corte del país y "respondió" a lo que está consignado en la Constitución.