Prisión bajo fianza de siete millones de euros para los dos empresarios acusados de desviar fondos de la cam al caribe

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decretado hoy el ingreso en prisión preventiva bajo fianza de siete millones de euros para los empresarios alicantinos Juan Vicente Ferri y José Baldó, a los que se acusa de haber participado en la trama de desvió de fondos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Caribe.

El magistrado ha tomado esta decisión tras interrogarles esta mañana. Les imputa delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, falsedad contable, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
El fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Rodríguez Sol, había pedido al juez que decretase prisión preventiva para Baldó y Ferri pero sin fianza.
El instructor de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 7 de noviembre la detención de Ferri y Baldó en el marco de la operación en la que fue arrestado el ex director general de la CAM Roberto López Abad. Los empresarios no pudieron ser detenidos porque se encontraban fuera de España y se han presentado voluntariamente esta mañana en la Audiencia Nacional.
Gómez Bermúdez ordenó el ingreso en prisión bajo fianza de 1,5 millones de euros para López Abad y de 400.000 euros para el que fuera director general de empresas de la CAM Daniel Gil. Ambos quedaron en libertad a los pocos días al abonar la cuantía fijada por la Audiencia Nacional.
FRAUDE A GRAN ESCALA
El instructor de la Audiencia Nacional sostiene que los imputados aprovecharon el desembarco de la CAM en la sociedad Valfensal –creada en 2003 y de la que poseía el 30 por ciento- para captar dinero de la entidad y desviarlo a través de empresas pantalla hasta las Antillas Holandesas (la actual Curaçao), un paraíso fiscal.
Los empresarios Juan Vicente Ferri y José Baldó y los entonces directivos de la CAM López Abad, Gil y César Véliz elaboraron y pusieron en marcha un plan mediante el cual obtenían de la entidad la financiación necesaria para invertir en la compra de hoteles en el Caribe, principalmente en México y la República Dominicana, a través de Valfensal.
Los imputados, una vez garantizada la financiación de Valfensal, adquirieron la sociedad Jacksonsport Corporation, radicada en las Antillas Holandesas y que utilizaron como empresa pantalla para sus negocios irregulares. La trama utilizó en concreto esta sociedad para concentrar la mayor parte de los ingresos que obtenían con sus hoteles.
La trama falseó la contabilidad de Valfensal para que no repartiera dividendos, con lo que sustraían el dinero que debía retornar a la CAM y lo desviaban a Curaçao.
La Intervención General de la Administración del Estado ha tasado en 333 millones de dólares (247 millones de euros) los ingresos sustraídos a la entidad y derivados a la sociedad Jacksonport entre 2004 y 2011.
Gómez Bermúdez señala a modo de ejemplo que la trama dejó de pagar a Hacienda en los ejercicios de 2009, 2010 y 2011 un total 5.280.685 euros, “lo que en el mejor de los casos supone la comisión de tres delitos fiscales castigados con penas de hasta cuatro años de prisión cada uno”. El juez añadía que los empresarios, con la ayuda de López Abad y Gil, “habrían estado eludiendo el pago de impuesto a la hacienda pública española en los últimos nueve ejercicios tributarios”.
RIESGO DE FUGA
El riesgo de fuga ha sido uno de los elementos clave que han llevado a Ferri y Baldó a prisión preventiva. “Ambos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao u otros países con lo que no existe convenio de extradición”, indica el Gómez Bermúdez en su resolución.
También destaca la “extraordinaria disponibilidad económica” de Ferri y Baldó y señala que “existen fuertes indicios de que los imputados tienen cuentas bancarias en Andorra”. Subraya en este sentido que se ha acreditado que en un solo mes –septiembre de 2012- “abonan gastos por viajes en avión privado por más de 445.000 euros”. “También consta que tienen numerosas propiedades en el extranjero y un entramado de sociedades todavía no suficientemente desenmarañado que les permitiría seguir obteniendo fondos de forma oculta”, explican los autos de prisión.
Gómez Bermúdez ha tenido en cuenta asimismo la gravedad de los delitos que se imputan a los empresarios –que podrían llevar a “penas graves”- así como la importancia de los indicios recabados en su contra.
El instructor de la Audiencia Nacional también ha valorado la posibilidad de que puedan destruir pruebas si siguen en libertad, aunque subraya que “la dación de órdenes por los imputados a esos bancos donde están las cuentas, o a sociedades y entidades para manipular, destruir o ocultar las evidencias de los delitos no se impide con el ingreso en prisión”.