Prisión para 11 de los detenidos en el golpe contra chiringuitos financieros

  • El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de 11 de los más de cincuenta detenidos en la operación "Rico" contra los "chiringuitos financieros", entidades de inversiones ilegales, por delitos de blanqueo, pertenencia a organización criminal y estafa.

Madrid, 28 feb.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de 11 de los más de cincuenta detenidos en la operación "Rico" contra los "chiringuitos financieros", entidades de inversiones ilegales, por delitos de blanqueo, pertenencia a organización criminal y estafa.

Asimismo, el magistrado ha dejado en libertad a otros trece de los arrestados el pasado miércoles, uno de ellos con fianza de 10.000 euros, y a otros 32 que se encontraban en dependencias policiales, mientras que mañana decidirá sobre el resto de los que han sido puestos a disposición judicial.

En el auto por el que envía a prisión a uno de los líderes de la red, Alexander Martin, el juez afirma que la red cometió un fraude masivo desde "boiler rooms" de Barcelona, Marbella y Palma de Mallorca.

Sus objetivos, la mayoría personas de edad avanzada y jubilados con experiencia inversora previa, los elegían de los listados que compraban a empresas dedicadas a la venta de datos, o de solicitudes de información que rellenaban los afectados en páginas web sobre inversiones creadas por los estafadores.

Mientras, blanqueaban el dinero a través de operaciones financieras con compañías ubicadas en territorios cuya "cooperación policial y judicial no es óptima tales como Andorra y Chipre, o muy dificultosa, como Hong Kong, Mauricio y Panamá".

Para cometer su fraude, empleaban "agresivas técnicas de telemarketing", logrando "persuadir" para que inviertan a sus víctimas -unas 365-, a las que se les ha ocasionado un perjuicio de 4,6 millones de libras esterlinas (unos 5,4 millones de euros).

El daño económico por este tipo de fraude, según los cálculos realizados por los analistas británicos que cita el magistrado, es de aproximadamente unos 500 millones de euros anuales, siendo la pérdida media de 26.500 libras esterlinas por víctima.

Los estafadores efectuaban "llamadas en frío", presentándose como "brokers" de una sociedad gestora de inversión, situada fuera del Reino Unido, para escapar del control de la Financial Conduct Authority, encargada de la supervisión de las sociedades de valores en aquel país.

A continuación, les ofrecían el producto con el que estaban trabajando en ese momento, como "una oportunidad de inversión única y muy ventajosa".

Cuando se avecinaba la fecha de vencimiento, los "brokers" ofrecían una nueva reinversión, y si la víctima exigía el reintegro, comenzaban a alegar problemas ajenos a su empresa para justificar el impago o a insistir de "forma agresiva en lo erróneo de esa opción".

Sólo cuando veían que no le iban a convencer, cortaban la comunicación, y cuando el afectado intentaba contactar con su broker, ya no obtenía respuesta.

La estructura de la organización pasa por los que crearon el producto, que explotaban ellos mismos o mediante terceros a cambio de una comisión, y que son los que levantaron la infraestructura empresarial y financiera necesaria: la empresa emisora de acciones, la depositaria, la de asesoramiento financiero y la de apertura de cuentas en diversos países para favorecer el flujo del dinero.

También están los responsables de los equipos informáticos y telefónicos, encargados del software que permite la ocultación de las IP de los ordenadores, así como el control de los sistemas VozIP, que permiten llamar a cualquier parte del mundo a tarifas asequibles y modificar el número que aparece como entrante para hacer creer que se está llamando desde la misma localidad, cuando realmente se efectúa desde España.

Además, están los encargados de los "boiler", que se dedican a intentar lograr el mayor rendimiento posible de la oficina, los propios trabajadores, y los "blanqueadores", que facilitaban a los autores del fraude "el disfrute del beneficio obtenido con la actividad ilícita como si el dinero proviniera de actividad legal".

La red creó diversas sociedades por todo el mundo, con domicilio social en centros de negocios, "tratándose de oficinas virtuales o meros buzones de correos", al frente de las cuales pusieron a personas de su entorno, otras con pocos recursos, que aceptaban una pequeña contraprestación a cambio, o incluso a "verdaderos testaferros profesionales".

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