Un juez de Vigilancia Penitenciaria acordó en 2017 y con la oposición de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zuera la libertad condicional del hombre que ha matado en Zaragoza a la abogada que lo defendió en otro asesinato machista y con la que ahora tenía una relación sentimental. Fuentes penitenciarias han indicado que esa decisión se tomó contra el criterio de la prisión, al igual que ocurrió en 2011 cuando el recluso, José Javier Salvador Cano, fue clasificado en tercer grado (semilibertad). Cano fue condenado por matar en 2003 de nueve tiros a su mujer en La Puebla de Híjar (Teruel). Ayer se suicidó tras presuntamente asesinar a Rebeca Santamalia Cáncer, de 47 años y madre de un hijo, que le defendió en ese proceso.
La Audiencia Provincial de Teruel condenó en abril de 2005 a José Javier Salvador Calvo a la pena de 18 años de prisión como autor responsable de un delito de asesinato en la persona de su mujer y se le impuso una pena accesoria, prohibiéndole aproximarse a sus hijos, entonces menores de edad, a sus suegros y a sus cuñados durante un periodo de cinco años. La sentencia le prohibió también, por el mismo espacio de tiempo, acudir a las localidades de La Puebla de Híjar y de Híjar (Teruel).
El hombre se encontraba ahora en libertad condicional y se le había concedido el tercer grado penitenciario en 2011, disfrutando desde ese momento y durante cinco años de innumerables permisos fuera de la prisión de Teruel en régimen de semilibertad y había mantenido su trabajo con regularidad.
En 2015, y ante la negativa de instituciones penitenciarias a concederle la libertad condicional, José Javier Salvador presentó recurso ante el juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Aragón quien desestimó su recurso denegándole por tanto la medida cuando llevaba cumplidas las dos terceras partes de la condena.
Un año después, en 2016, José Javier Salvador, por medio de su letrada Rebeca Santamalia, volvió a solicitar la libertad condicional y nuevamente presentó recurso ante el mismo juzgado. En un auto dictado en diciembre de 2016 el juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Aragón, entendiendo que había cumplido las tres cuartas partes de la condena y que cumplía con todos los demás condicionantes que la ley impone, acordó concederle la libertad condicional, constatando además que en los cinco años que había gozado de salidas fuera del centro penitenciario no había protagonizado incidente alguno de ningún tipo.
En el mismo auto, el juez acordó que este hombre abonara una cantidad de 300 euros mensuales en concepto de responsabilidad civil. Pasado el plazo legal establecido, el auto se convirtió en firme ya que el Ministerio Fiscal tampoco recurrió la resolución judicial adoptada, ha aclarado el TSJA en una nota de prensa.
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