Procesan 4 asambleístas que bloquearon puente a Uruguay por homicidio culposo

  • Un juez argentino procesó por homicidio culposo a cuatro asambleístas por la muerte en 2009 de un motociclista que impactó contra un acoplado que bloqueaba el paso a la vecina Uruguay, como parte de una protesta de los acusados contra la instalación de una papelera, informaron hoy fuentes judiciales.

Buenos Aires, 18 may.- Un juez argentino procesó por homicidio culposo a cuatro asambleístas por la muerte en 2009 de un motociclista que impactó contra un acoplado que bloqueaba el paso a la vecina Uruguay, como parte de una protesta de los acusados contra la instalación de una papelera, informaron hoy fuentes judiciales.

El dictamen del magistrado Pablo Seró afecta a cuatro integrantes de la Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú, cuyos miembros mantuvieron durante más de tres años un bloqueo en un puente fronterizo con el país en rechazo a la instalación de una papelera de la finlandesa UPM (ex Botnia) en la localidad uruguaya de Fray Bentos.

El juez también dictó un embargo por 500.000 pesos (111.856 dólares) a Miguel González, Miguel Pérez, Alicia Rivero y José Reichel, precisó la abogada de la asamblea, Ana Angellini, a la agencia estatal Télam.

Los cuatro asambleístas se encontraban de guardia en el corte el 26 de abril de 2009, cuando el motociclista Walter Maulucci, de 33 años, se estrelló contra el acoplado que bloqueaba el paso al puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos.

El miércoles pasado, el juez Seró, de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, exculpó a 18 vecinos de la ciudad de Gualeguaychú encausados por bloquear el puente hacia Fray Bentos.

Los asambleístas bloquearon el acceso al puente entre el 20 de noviembre de 2006 y el 19 de junio de 2010 para protestar contra la instalación y el funcionamiento de la planta, que fue eje de una controversia entre Argentina y Uruguay que se dirimió en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Los Gobiernos de Argentina y Uruguay dieron por superado el conflicto en julio de 2010, cuando firmaron un acuerdo para el control ambiental conjunto del río Uruguay.

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