Bogotá, 5 abr.- El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, rechazó tres expresiones dentro de un artículo del llamado Marco Jurídico para la Paz al considerar que pueden dar pie a la impunidad de jefes guerrilleros y pidió a la Corte Constitucional que los declare improcedentes.
Ordóñez hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en el marco del proceso de control del acto legislativo 01 de 2012, aprobado por el Congreso en 2012 y promulgado por Santos, pero pendiente aún de que el Constitucional determine si el texto se ajusta o no a la Carta Magna.
El procurador se refirió al artículo 1 del acto legislativo "Marco Jurídico para la Paz" y en concreto pidió que la Corte declare "inexequibles" (improcedente) las expresiones "máximos", "de manera sistemática" y "todos", mencionadas en alusión al sometimiento a la Justicia de los desmovilizados por sus crímenes.
A juicio del procurador, con estos términos se pretende que una Ley Estatutaria renuncie a investigar "todos" los casos en donde se entienda que los "crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra" no fueron cometidos por sus "máximos" responsables o "de manera sistemática".
Este marco legal, que implica una reforma de la Constitución y otorga herramientas para una eventual negociación con los grupos armados, fue concebido y aprobado antes de que se conocieran los primeros contactos del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las FARC y el Gobierno anunciaron en agosto pasado estas conversaciones y comenzaron a negociar en noviembre en La Habana.
Tras el receso alargado de la Semana Santa, las partes retomarán el diálogo en la tercera semana de abril, ciclo en el que esperan concluir los primeros acuerdos sobre tierras y comenzar a tratar la participación en la vida política.
El procurador explicó que su solicitud se centra en que estos criterios de selección "vulneran el bloque de constitucionalidad, dado que violan compromisos internacionales adquiridos por Colombia respecto de la investigación y sanción de los señalados delitos, es decir, los delitos que son considerados como crímenes internacionales".
Una supuesta inacción de la Justicia colombiana podría dar pie a la activación de las jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que pondría a Colombia "en la misma situación de otros países del mundo que tienen sistemas judiciales inviables como Kenia, República Democrática del Congo, Ruanda, Camboya, Sierra Leona o la exYugoslavia".
Por último, reafirmó su compromiso con la paz aunque advirtió que "no debe perderse de vista que jurídicamente no es legítimo ningún proceso que, so pretexto de la paz, favorezca la impunidad".
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