Protestan a favor de militares detenidos vinculados a masacres en Guatemala

"Nuestros compañeros son inocentes, están injustamente presos y esa es la causa por la que venimos a apoyarlos", dijo a la AFP el capitán jubilado Héctor del Valle, de 65 años, miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avelmigua), durante la concentración frente al Palacio Nacional.

El miércoles pasado, la fiscalía de Derechos Humanos logró la detención de 18 militares acusados de participar en al menos 88 masacres de indígenas entre 1981 y 1986, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz, y la desaparición forzada de un adolescente en la capital.

Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el conflicto interno, que duró 36 años.

Parte de la investigación se fundamenta en el hallazgo, entre 2012 y 2015, de 558 osamentas de niños, adultos y ancianos de población "no combatiente" en un antiguo campamento militar en Alta Verapaz, de los cuales 97 han sido identificados con pruebas de ADN, según la Fiscalía.

"Se estaba en una guerra y eso tenía que ser así, hubieron errores de los militares y de los guerrilleros", indicó a la AFP Roxana Rodas, una ama de casa de 48 años, en relación a las víctimas de las masacres por las que están acusados los miembros retirados del ejército.

"Libertad para nuestros héroes", "Gracias al ejército de Guatemala usted es libre" y "Condena y cárcel para los guerrilleros", señalaban algunas pancartas de los manifestantes que en su mayoría vestían camisas blancas con accesorios militares como gorros y pañuelos.

Por momentos, los partidarios militares intercambiaron insultos con un pequeño grupo de activistas de derechos humanos que exigían justicia por las matanzas cometidas durante la guerra interna que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó del 93% de las masacres a las fuerzas del Estado.

Según el documento, la mayoría de las violaciones de los derechos humanos se registraron en zonas indígenas asentadas principalmente en el norte y el altiplano occidental.

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