Proyecto Esperanza denuncia las restricciones al SNS a las víctimas de trata

Madrid, 17 jul.- Proyecto Esperanza, organización que apoya a mujeres víctimas de trata con fines de explotación, ha denunciado hoy las "restricciones" que considera que padecen éstas en el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) tras la aprobación del decreto de medidas de ajustes de Sanidad, que ha pedido que se reforme.

Así lo ha reclamado esta entidad social en un comunicado en el que se hace eco de un documento que ha elaborado sobre el derecho a la asistencia sanitaria para víctimas de la trata de personas.

En este documento se analiza el impacto que tiene sobre la salud de las víctimas esta "traumática experiencia" y se fundamenta "la responsabilidad que tiene el Estado de "prevenir, proteger, reparar y compensar a quienes han sido víctimas de una violación de derechos humanos".

Una responsabilidad que, a juicio de la organización, choca con el decreto aprobado ya que "las víctimas de trata que no dispongan de un permiso de residencia y trabajo quedarán, a partir del próximo 1 de septiembre, en una grave situación de vulnerabilidad".

Será así, según la entidad, a no ser que en las próximas semanas se introduzcan modificaciones que reconozcan su "situación excepcional".

Y la situación de estas personas es "excepcional", según Proyecto Esperanza, por el impacto que tiene este delito, la trata de personas, sobre la salud de estas mujeres.

La entidad ha podido constatar, tras doce años de intervención con más de 630 mujeres víctimas de la trata, estas "graves consecuencias" sobre su salud física (trastornos alimenticios y del sueño, enfermedades de transmisión sexual, infecciosas, embarazos no deseados y abortos forzosos, entre otras).

Pero también en la salud psicológica (trastornos de estrés postraumático, de personalidad, miedo generalizado, ansiedad, depresión o fobias) y en la social (aislamiento, desconfianza generalizada, sentimiento constante de indefensión y vulnerabilidad)

Esta vulnerabilidad de las víctimas de la trata de personas está reconocida, según la organización, en la legislación internacional, nacional y autonómica vigente, que establece en su normativa "la necesidad de garantizar asistencia sanitaria, social y psicológica necesaria".

Por ello, según Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, "es necesario que el Estado garantice el acceso integral al SNS a las víctimas de trata, con independencia de su situación administrativa".

De esta forma, según González, se dará "cumplimiento a la responsabilidad del Estado de dar primacía a sus derechos humanos y de cumplir con la obligación establecida por el derecho internacional, de actuar con la diligencia debida para ayudar y proteger a las víctimas de este delito".

Así se garantizará, según la entidad, "su recuperación y restablecimiento a nivel físico, psicológico y social".