PSOE denuncia que el Gobierno pone al ciudadano que protesta "bajo sospecha"

  • La secretaria de Formación del PSOE, Estefanía Martín Palop, ha dicho hoy que si el Gobierno quiere "acabar con las protestas sociales", debe "rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no convertir al ciudadano que protesta en un ciudadano bajo sospecha".

Málaga, 16 dic.- La secretaria de Formación del PSOE, Estefanía Martín Palop, ha dicho hoy que si el Gobierno quiere "acabar con las protestas sociales", debe "rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no convertir al ciudadano que protesta en un ciudadano bajo sospecha".

Durante una visita a Arriate (Málaga), Martín Palop se ha referido a la ley de Seguridad Ciudadana, que ha calificado de "ataque frontal a la libertad de los ciudadanos", y ha denunciado que con esta ley el PP "demuestra que no acepta el derecho a la queja, a la discrepancia y a la protesta".

"Una vez más, nos enfrentamos a un PP que impone su ideología a la ciudadanía, sin cuestionar el perjuicio que puede ocasionar a las personas esta norma, que no responde a una demanda social y que supone un recorte de derechos recogidos en la Constitución", ha declarado a los periodistas.

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que "con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales y ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles".

Durante su intervención, Martín Palop ha indicado que el PSOE apuesta por una "transparencia y una democracia radical", frente a un PP que quiere vender una falsa transparencia y no lucha contra la corrupción".

Así, ha recordado que el PSOE ha tomado medidas como la publicación de las cuentas del partido de los ejercicios anteriores, así como de su situación patrimonial y financiera, y de las declaraciones de bienes y renta, no solo del grupo parlamentario sino de los integrantes de la dirección y de su gerente.

Frente a esta situación, ha opinado que el Gobierno "presume de transparencia, pero no publica las declaraciones de bienes de muchos altos cargos" ni permite la participación del resto de grupos políticos en el Consejo de Transparencia, y que se investigue en sede parlamentaria en relación con la corrupción o con el "caso Bankia".

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