PSOE plantea reformar la ley para garantizar los derechos de los consumidores

  • El PSOE ha planteado en el Congreso reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil de manera que se garantice la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios porque hoy en día, según ha argumentado la diputada socialista Pilar Grande, cuesta menos divorciarse que dar de baja un contrato de telefonía.

Madrid, 21 may.- El PSOE ha planteado en el Congreso reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil de manera que se garantice la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios porque hoy en día, según ha argumentado la diputada socialista Pilar Grande, cuesta menos divorciarse que dar de baja un contrato de telefonía.

Junto a la portavoz del PSOE en la Cámara baja, Soraya Rodríguez, Grande ha dado a conocer una proposición de ley registrada por los socialistas que aspira a corregir los actuales desequilibrios entre consumidores y grandes compañías.

"La factura de la crisis la están pagando los más humildes y las grandes compañías se están yendo de rositas", ha esgrimido la diputada, quien ha puesto en evidencia que en ocasiones resulta más fácil un divorcio que cancelar un contrato de suministro de gas o de luz, para lo cual las empresas suelen utilizar "una máquina parlante".

Son "prácticas abusivas" de las grandes empresas, "extraordinariamente difíciles de combatir" y que desaniman al consumidor a la hora de reclamar, especialmente en los casos en los que la cuantía es pequeña, incluso aunque haya un gran número de afectados, según los socialistas.

Con su proposición de ley el PSOE quiere combatir los pequeños y los grandes abusos y garantizar los derechos de los consumidores y usuarios tanto si estos reclaman cinco euros como si reclaman miles de euros.

Se trata de reformar algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de que las asociaciones de consumidores y, sobre todo, el ministerio fiscal puedan tener legitimidad para emprender acciones colectivas no sólo de petición de cese de una acción abusiva determinada, sino también de resarcimiento.

Los últimos acontecimientos sobre preferentes o deuda subordinada han puesto en evidencia los fallos del sistema de protección jurisdiccional de los consumidores, según el PSOE.

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