Publica sus memorias el juez que se enfrentó al Supremo investigando el PER

  • El juez Miguel Ángel del Arco (1945) ha publicado una primera entrega de sus memorias, "La Audiencia va de caza", en la que, entre otras muchas cosas, recuerda que llegó a denunciar al presidente del Tribunal Supremo por interferir en su investigación sobre el fraude en el subsidio agrario.

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 20 sep.- El juez Miguel Ángel del Arco (1945) ha publicado una primera entrega de sus memorias, "La Audiencia va de caza", en la que, entre otras muchas cosas, recuerda que llegó a denunciar al presidente del Tribunal Supremo por interferir en su investigación sobre el fraude en el subsidio agrario.

Fundador de la granadina editorial Comares, Del Arco ha publicado su libro en la colección de La Veleta, que para ese mismo sello dirige el escritor Andrés Trapiello, con el subtítulo "Andanzas de un juez de pueblo", ya que en este primer tomo trata sobre todo sobre su primer destino, en un pueblo de Jaén, al final del franquismo y en la transición.

En algo más de 400 páginas, con un acerado sentido del humor, el juez repasa los primeros años de su carrera enlanzando cientos de anécdotas en las que se emplea contra el corporativismo de su profesión con tono irreverente, hasta llamar "Consejo General del Poder Absoluto" al órgano de gobierno de los jueces, del que hace numerosas bromas sobre su independencia y sus modos de acceso.

El libro, en el que predomina el cariño y la ternura por los más débiles, lleva prólogo de Carlos Pujol y debe su título al primer capítulo, en el que el joven juez, todavía en el franquismo, se ve obligado a participar en una cacería con los magistrados de la Audiencia Provincial, ajenos a vedas y otras menudencias.

En uno de los primeros capítulos muestra su sorpresa cuando el veterano oficial del juzgado le cuenta que lo primero que aprendió a hacer nada más incorporarse fue imitar la firma del juez, mientras que éste le conminaba a coger el bolígrafo como lo hacía él porque si no nunca falsificaría su firma a la perfección.

En el capítulo titulado "Los caciques de la democracia", Del Arco dice del subsidio agrario que "este paro es la industria que coloca a más gente, prostituyendo y condicionando maneras de pensar. Los beneficiarios pagan un precio: el clientelismo, la dependencia y la coacción de su libre voto. Es una realidad acallada pero conocida por todos".

Según el juez, este sistema supone "un mal uso de caudales públicos para favorecer la economía sumergida y a ciudadanos con medios económicos en perjuicio de los verdaderamente necesitados y del resto de la sociedad".

Tras asegurarse el respaldo de la Guardia Civil, el juez citó en los años ochenta a docenas de personas "porque puede ser un delito recibir un subsidio sin haber sido nunca jornalero, simulando cultivar terrenos baldíos, y teniendo bienes o trabajando bajo cuerda en otra ocupación".

Su trabajo, recuerda el juez, se vio paralizado cuando "como un comisionado del partido, el presidente del Tribunal Supremo, en su visita a la ciudad, nos amonestó en los medios de comunicación: 'No creo que los alcaldes y jornaleros se vayan a sentar en el banquillo. Recomiendo sensatez. La sensatez es precisamente uno de los valores que adornan o deben adornar a los jueces españoles, y de ahí se pueden sacar las consecuencias que sean necesarias'".

Del Arco añade sobre el alto magistrado, al que se refiere como "capitoste" y "comisario político", que "sintiéndose obligado a simultanear su función judicial con la política, se despachó a gusto:

-"La prudencia, que precede a la justicia, es la regla general de la judicatura española, y por el contrario la prepotencia, la soberbia y la jactancia innecesaria del poder han sido siempre la excepción, porque son una muestra de torpeza, de falta de inteligencia y de sectarismo, que es lo opuesto a la justicia".

Del Arco denunció al presidente del Supremo por esas palabras, su sala segunda admitió la denuncia, pero basándose en un informe del Fiscal General del Estado no estimó la existencia de delito.

La investigación de Del Arco hizo que varios alcaldes pasaran por el calabozo y que se decretaran penas de prisión para defraudadores, si bien admite en estas páginas que los altos cargos que obstaculizaron su trabajo se libraron de responsabilidades.

Y concluye: "A pesar de las condenas se sigue con el fraude del paro y se sigue traficando con el voto cautivo. El sistema permanece, y perfeccionado. Es el caciquismo de la democracia".

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