San Juan, 30 mar.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, buscará sancionar esta semana una ley para excarcelar a más de 200 reclusos mayores de 60 años, una iniciativa que permitiría al Ejecutivo ahorrar cerca de 9 millones de dólares al año, se informó hoy.
El Proyecto del Senado 487 propone que se libere a las personas de entre 60 y 64 años de edad que hayan cumplido un mínimo de 10 años de su sentencia y a los que tienen 65 años de edad o más y hayan cumplido un mínimo de 5 años de prisión.
Para ser considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra, el recluso debe haber mantenido buena conducta en la institución carcelaria por un lapso razonable de tiempo y no puede ser reincidente.
Entre otros propósitos, la medida tiene como objetivos ahorrar los 45.000 dólares anuales que de media cuesta cada recluso y favorecer al colectivo de confinados de edad avanzada que no representan un peligro para la sociedad.
La legislación es de la autoría de los senadores Miguel Pereira, del gobernante Partido Popular Democrático, y Carmelo Ríos, del opositor Partido Nuevo Progresista.
El proyecto de los senadores Pereira y Ríos indica que más de 200 presos mayores de 60 años podrán quedar en libertad cuando el gobernador convierta en ley el proyecto.
"A medida que aumenta la edad de los convictos disminuye su peligrosidad", según explicó a Efe Pereira, quien promueve también un proyecto para despenalizar el consumo personal de marihuana en Puerto Rico, otra medida que también aligeraría la población carcelaria.
Por su parte, Ríos resaltó que la proporción de ancianos en las prisiones puertorriqueñas ha aumentado debido a que muchos de los jóvenes terminan siendo asesinados o emigran a EE.UU. y defendió que en diez años el Gobierno no tendrá capacidad financiera para atender a una población carcelaria que tiende a envejecer.
"Yo creo que (con esta medida) tenemos un buen paso para atender esa población y los problemas que nos vienen en los próximos años. Aún estamos a tiempo", afirmó Ríos.
El proyecto fue enmendado esta semana en varios puntos por la Cámara de Representantes antes de aprobarlo.
Tales enmiendas añadieron varios delitos que privarían a esos presos de obtener su libertad antes de cumplir sus sentencias.
Asi, inicialmente el proyecto sostenía que sólo se le daría la libertad a los reos que no hayan sido condenados por asesinato, secuestro de menores, agresión sexual, incesto, genocidio o crímenes de lesa humanidad, distribución de sustancias controladas a menores de 18 años y pornografía infantil.
La Cámara de Representantes, no obstante, pidió eliminar la palabra "menores" del delito de secuestro, para hacerlo extensivo a todo tipo de rapto y agregar la palabra "venta" a la de distribución de sustancias controladas a menores de edad.
Asimismo, solicitó añadir el delito de venta o distribución de armas ilegales y establece que no cualificará el que utilice menores para la producción, publicación o venta de pornografía infantil.
Otra enmienda introducida por la Cámara es que la buena conducta que deben observar estos confinados será por un lapso de tiempo mínimo de un año natural ininterrumpido.
Durante el debate legislativo de esta medida, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) presentó datos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que indican que cuanto más aumenta la edad de una persona, menor es su tendencia a delinquir.
Según la SAL, el riesgo de reincidencia de un exreo de edad avanzada en libertad bajo palabra es inferior al 4 %, y la probabilidad de que una persona mayor de 50 años sea arrestada por un delito violento es inferior al 2 %.
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