La Audiencia Nacional reanuda en septiembre los interrogatorios por la trama Púnica. El juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, tomará declaración a partir del día 5 a más de una decena de personas implicadas en la investigación, entre ellas el exconsejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, a quien Ignacio González le ordenó que recaudara un millón de euros para el PP madrileño.
Martínez Nicolás tendrá que responder por ese presunto encargo que le hizo el expresidente madrileño y cabecilla de la trama 'Lezo' para financiar de manera irregular las campañas electorales de la formación a nivel regional. De acuerdo con la versión prestada por un testigo de la causa en sede judicial, González le encomendó entonces que inflara contratos que tenía suscritos la Comunidad con entidades como PwC e Indra.
Con esta citación, el juez pretende igualmente averiguar si se desvió dinero desde el Ejecutivo regional al 'conseguidor' de la Púnica, Alejandro de Pedro, a quien se le encargaron contratos de mejora de imagen en diversos consistorios madrileños investigados en la red.
Precisamente, entre los citados en la providencia del juez, a la que ha tenido acceso este diario, se encuentran cuatro exaltos cargos del Ayuntamiento de Valdemoro por falsificar facturas con empresas vinculadas a la Púnica. Estos son: el exalcale de la localidad Manuel Salguero; el antiguo secretario general del Pleno del consistorio, Jesús Molina de la Torre; el exresponsable de equipamientos y servicios Pedro Hernández Zazo y Juan Carlos Moreno, funcionario del dicho ayuntamiento.
Servicios falsos de eficiencia energética
La localidad madrileña, epicentro de la trama, firmó contratos presuntamente irregulares con empresas implicadas en la investigación, como la francesa Cofely, gracias en la mayoría de los casos a la intermediación que prestó el cerebro de la Púnica, David Marjaliza. Él mismo lo ha confesado en sede judicial desde que mostrara su arrepentimiento por los hechos hace tres años y decidiera colaborar en la Justicia.
García Castellón también cita a declarar a Xavier Susan, exdirectivo de la multinacional gala, después de que otros exaltos cargos de la empresa confesaran ante el magistrado que durante muchos años se elaboraron facturas falsas que ocultaban contratos inflados para sobornos. Solo entre los ejercicios 2013 y 2014, la Comunidad de Madrid adjudicó a Cofely 3,5 millones de euros.
García Castellón llama también a declarar a José Manuel Cruz Calvo y Antonio Cándido, presuntos testaferros de Marjaliza, y a Ana Isabel Soria Torrecilla, apoderada de la mercantil Waiter Music. Se trata de otra de las empresas de la trama que organizó gratis actos del PP a cambio de resultar la adjudicataria de la planificación de las fiestas regionales de muchos municipios de la comunidad.
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