Inmigración, anticorrupción, diálogo social… ¿Está el Gobierno cambiando su actitud y buscando grandes consensos en esta segunda mitad de la legislatura? Lo que es evidente es que este modo de actuar contrasta con los 29 decretos ley aprobados en 2012 y con la ausencia absoluta de pactos con la oposición que ha habido hasta ahora. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba solo han coincidido en estos dos años largos de gestión del PP en política antiterrorista e internacional, acuerdos que alcanzaron en su primera reunión en el Palacio de la Moncloa. Todo lo demás ha sido objeto de discrepancia, llegando los socialistas a apoyar las dos huelgas generales convocadas contra el Ejecutivo y promoviendo numerosos recursos ante el Constitucional por leyes aprobadas en este periodo.
Gobierno y oposición han chocado sobre todo en política económica, pero también en el modo de abordar la tensión con la Generalitat, el nombramiento de los dirigentes de RTVE, la reforma de la ley del aborto, la ley Wert o la reforma local. Las excepciones a la norma, a parte de los citados grandes consensos en políticas de Estado, fueron la renovación del Tribunal Constitucional -pactada, eso sí, con años de retraso- y la primera fase de la reforma del sector financiero. Los socialistas votaron a favor en febrero de 2012 del plan de Luis de Guindos para sanear la banca por "coherencia" y "responsabilidad", pero ese apoyo fue retirado en mayo, cuando se abstuvieron en la segunda reforma del sector en plena crisis de Bankia. Al llegar la tercera fase, en septiembre, Rubalcaba optó por votar en contra directamente, rompiendo de raíz un consenso que venía de la época de Zapatero, cuando el PP respaldó sus dos reformas financieras.
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Desde entonces, la oposición apenas se ha puesto de acuerdo con el Gobierno para nombrar a los nuevos miembros del CGPJ y pactar la postura de España en algunas cumbres europeas. Los acercamientos para consensuar una ley de transparencia resultaron finalmente infructuosos y el Ejecutivo solo pudo sumar el apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria para su aprobación el año pasado. El PSOE la consideró insuficiente aunque animó al Gobierno a demostrar su "compromiso colectivo e individual para asumir una forma de hacer política distinta". Fue el mayor acercamiento en una relación que explotó en julio del año pasado, cuando Rubalcaba pidió la dimisión de Rajoy y dio por dinamitados todos los cauces abiertos con el Ejecutivo tras las revelaciones del 'caso Bárcenas'. El líder socialista proclamó que su partido rompía "todas las relaciones con el PP" y anunciaba una ronda de contactos con el resto de la oposición para articular una respuesta contra el presidente.
Ocho meses después, la tensión se ha rebajado. La crisis inmigratoria y la necesidad de atajar la corrupción política, unido al desafío secesionista del presidente catalán, Artur Mas, pueden abrir un nuevo escenario. Por lo pronto, socialistas y populares se aliarán contra los planes de la Generalitat el próximo 8 de abril al rechazar la consulta soberanista y toda la oposición ha aceptado la propuesta del Gobierno de crear un grupo de trabajo para estudiar medidas contra la corrupción a lo largo de 2014. También en materia migratoria el PSOE ha rebajado sus críticas, renunciando a la reprobación del ministro del Interior con que amagó tras la tragedia de El Tarajal y mostrándose proclive a pactar políticas en este sentido junto a Moncloa. El nuevo clima ha tenido su reflejo más representativo en la reunión convocada por el presidente del Gobierno esta semana en Moncloa con patronal y sindicatos para reactivar el diálogo social ante el cambio de ciclo económico.
El economista y analista político José Ramón Pin así lo percibe también y afirma que Rajoy dedicó la primera mitad de la legislatura a llevar "la iniciativa económica, que le ha salido bien" y ahora advierte un "cambio" donde la prioridad es "la iniciativa política". Pin considera que lo que se trata de demostrar es que "son los grandes partidos y no las opciones minoritarias quienes tienen la llave para solucionar los grandes asuntos de Estado, tratando de evitar así la atomización de la política que sufre por ejemplo Italia". "Ha llegado el cambio de ciclo, Moncloa tenía pensado abordar primero la economía y en algún momento pasar a la política pura y dura y ese momento ya está aquí", argumenta el profesor del IESE. Pin también destaca que "Rajoy siempre ha sido un político que no hace caso a la opinión publicada, a la prensa, y que marca sus propios tiempos; sabe que la economía y Cataluña son los únicos temas que preocupan a la gente y a ellos se dedica".
También habla de "nueva etapa"Justino Sinova, periodista y escritor. Sinova vislumbra cambios no solo en la actitud del Gobierno, sino también en la del PSOE y los sindicatos. Respecto a estos últimos, cree que "se han ido moderando" por los escándalos de corrupción que les han afectado y por el recorte de las subvenciones y "están con ganas de pactar". Igualmente, los socialistas han pasado de "prometer solemnemente que no hablarían" más con Rajoy a estar en disposición de abordar los pactos de Estado que "exige la opinión pública".
En la primera parte de la legislatura, "el agobio de la situación, la urgencia que requerían ciertas medidas y el hecho de que se enmendaban políticas" del PSOE imposibilitaron los consensos, argumenta Sinova, condiciones que ahora empiezan a cambiar. Será por esas condiciones o porque a todos conviene un acercamiento, lo hecho es que el escenario político abandona poco a poco la crispación que caracterizó los dos primeros años de Gobierno de Rajoy. Solo el tiempo dirá si es algo duradero o un mero espejismo preelectoral.
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