La decisión del juez Jerónimo Mejía se produce un día antes de que se cumpla un año desde que Martinelli huyera de Panamá al alegar que no podría enfrentar un juicio justo en su país.
El exgobernante (2009-2014) es investigado por la supuesta sobrefacturación en un contrato por 45 millones de dólares en la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.
En julio, el fiscal de la causa, Oydén Ortega, solicitó a juez Mejía un permiso para aumentar el período de dos meses que la ley permitía para investigar a Martinelli, debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.
En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el tope de dos meses, por lo que el juez accedió a la petición fiscal para continuar con las investigaciones.
"Ha desaparecido la necesidad de declarar una prórroga del plazo de investigación" con lo cual el fiscal queda "con la posibilidad de seguir adelante sus investigaciones", sentenció Mejía durante la audiencia realizada este miércoles.
EL pasado 21 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Martinelli, quien dice estar en Miami, por una acusación de espionaje a opositores.
Sin embargo, el expresidente de 63 años manifiesta que todo se debe a una persecución política del actual gobierno de Juan Carlos Varela, exaliado suyo hasta que lo cesó de su cargo de canciller en 2011.
Martinelli, un multimillonario empresario de supermercados, accedió al poder con el 60% de los votos y un discurso contra la corrupción.
Sin embargo, tras su paso por el gobierno, acumula una decena de denuncias por escándalos de corrupción, delitos financieros y espionaje a opositores durante su administración, de la que varios ministros y altos funcionarios están detenidos o tienen medidas cautelares por peculado y enriquecimiento injustificado.
A finales de 2015, el contralor panameño Federico Humbert manifestó que la lesión patrimonial durante la administración de Martinelli es de al menos 300 millones de dólares, aunque faltan por concluir 150 auditorías en entidades del gobierno central y de gobiernos municipales.
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