Reducir las cargas administrativas ahorrará a empresas y ciudadanos 15.000 millones, según el gobierno

El Gobierno quiere reducir un 30% las cargas administrativas hasta finales de 2012, que para las empresas españolas representan un coste estimado en un 4,6% del PIB, lo que supondrá un ahorro para las empresas y ciudadanos de 15.000 millones de euros, según indicó en rueda de prensa Manuel Chaves, vicepresidente y ministro de Política Territorial y Administración Pública.
Chaves presentó el acuerdo de reducción de cargas administrativas aprobado en el último Consejo de Ministros, que contempla 88 medidas que permitirán a empresas y ciudadanos un ahorro cercano a los 2.000 millones, e hizo balance de los tres acuerdos anteriores puestos en marcha desde la aprobación en 2008 del Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas.
Según Chaves, los tres primeros acuerdos recogen 159 medidas con un ahorro estimado de 2.341 millones de euros (1.173 millones para las empresas y 1.067 millones para los ciudadanos). Indicó que el grado de cumplimiento de estas medidas es del 81% y que el resto tienen un tope de ejecución hasta el año 2012.
El cuarto de los acuerdos, aprobado el pasado viernes, contempla 88 medidas para reducir las cargas administrativas, de las que el 70% van dirigidas a las empresas y el 30% a los ciudadanos, con un ahorro estimado de 1.979 millones (1.386 millones para las empresas, 122 millones para los ciudadanos y 470 millones para empresas y ciudadanos porque benefician a ambos).
Chaves dijo que estos cuatro acuerdos supondrán un ahorro para empresas y ciudadanos de más de 4.320 millones de euros, y avanzó que ya están trabajando en un quinto acuerdo. Destacó "el compromiso del Gobierno con una Administración moderna, adaptada a los nuevos tiempos, cercana al ciudadano y mucho más eficaz", para que "en un momento de crisis las administraciones no sean un obstáculo o una dificultad, sino aliadas en el objetivo de remontar la crisis".
Entre las medidas para las empresas del acuerdo aprobado el viernes, Chaves destacó la supresión de la obligación de publicar en prensa escrita los anuncios de actos societarios o la inscripción de las empresas que se creen en la Seguridad Social por Internet. Para los ciudadadanos, apuntó la dirección electrónica vial y la obtención del número de la Seguridad Social por Internet, entre otras.
ESTADO AUTONÓMICO
Por otra parte, Chaves se refirió también a la iniciativa anunciada la semana pasada para mejorar la eficiencia del modelo autonómico y de los servicios públicos que prestan las administraciones; y dijo que la intención del Gobierno es pactar "un gran acuerdo" con las comunidades autónomas para evitar duplicidades y solapamientos en el ejercicio de las competencias de cada administración.
Chaves aclaró que este acuerdo se hará desde "el respeto al modelo autonómico", que dijo que es "una seña de identidad de nuestro sistema político y nuestra democracia" y "la España de hoy no se entiende sin ese modelo". En este sentido, dijo que el Gobierno no comparte la idea de que el modelo autonómico que establece la Constitución esté agotado.
"No compartimos posiciones neocentralistas ni posiciones neorenacionalizadoras que abran la puerta a la devolución de competencias asumidas por las comunidades autónomas al Estado", aclaró. Indicó que la distribución de competencias está perfectamente definida, pero reconoció que en el ejercicio de las competencias por parte de las administraciones se producen "disfuncionalidades, duplicidades y solapamientos que hay que evitar".
Para acabar con esto, dijo que ha encargado un informe a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas que servirá de base para llegar a un "gran acuerdo" con las comunidades autónomas, bien en la Conferencia de Presidentes o en las conferencias sectoriales de los distintos ministerios, y que también implicará a los ayuntamientos.
El ministro, que dijo que la intención es tener el informe "rápidamente" para que no se piense que pueda condicionar las elecciones autonómicas, explicó que hay duplicidades en muchas áreas, entre las que citó las políticas activas de empleo, permisos, licencias y "en prácticamente todo lo que son competencias de las comunidades autónomas que concurran con competencias del Estado".
Indicó que también hay duplicidades o solapamientos entre las propias comunidades autónomas, como, por ejemplo, en los permisos para cazar o para transporte; y dijo que el objetivo es que un mismo documento pueda valer para todas las comunidades autónomas, lo que exige coordinación y acuerdo entre todas.