Los veintiocho han acordado este miércoles que los vehículos con motor diésel puedan doblar (110%) de aquí a 2019 el límite de 80 miligramos de emisiones contaminantes tolerado ahora en las pruebas de laboratorio. La decisión, adoptada por un comité técnico a nivel ministerial, permitirá a la industria automotriz superar en un 50% los niveles de emisión actuales de óxidos de nitrógeno, dañino para la salu
Bruselas aspiraba a que la flexibilidad fuera del 60% en un periodo transitorio de dos años y que después se redujera al 20%. La Comisión había calculado que un 10% de los vehículos sometidos a examen no superarían estas pruebas, según fuentes europeas.
Los controles en carretera y bajo distintas situaciones de conducción se sumarán a partir de 2017 a los que ya se realizan en laboratorio. En 2020 será obligatorio, con el objetivo de reducir las posibilidades de fraudes como el del grupo Volkswagen, que manipuló sus motores diésel para alterar los resultados cuando se sometían a controles oficiales. "Esta vergonzosa y legalmente cuestionable decisión debe ser rechazada por el Parlamento Europeo", reaccionó Greg Archer, de la ONG Transporte y Medioambiente.
En una primera etapa, a partir de septiembre de 2017, los constructores tendrán un margen de tolerancia para las emisiones de óxido de nitrógeno de 110% para los nuevos modelos (2019 para los nuevos vehículos), lo que es más de dos veces el techo estipulado por la legislación europea actual de 80mg/km.
A partir de enero de 2020 la diferencia será reducida a 1,5 veces (50%) para todos los nuevos modelos (un año más tarde para todos los nuevos vehículos) de manera permanente. Los constructores sostienen que adecuarse a este nuevo régimen de homologación tomará tiempo.
La decisión de este miércoles es el resultado de un voto en comisión de expertos que ha prosperado con el apoyo de todos los Estados miembros, a excepción del voto en contra de Países Bajos y la abstención de República Checa, según han informado fuentes europeas.
Los principales países productores, entre ellos Alemania, Francia e Italia, con el apoyo de España, han logrado diluir notablemente la propuesta que defendía la Comisión Europea.
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