Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz toma hoy declaración a los guardias civiles autores del informe sobre los cortes en la cinta VHS que grabó el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) cuando se produjo el "chivatazo" que alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión.
El magistrado ha citado a los agentes a partir de las 10:30 horas para que ratifiquen el contenido del informe, en el que se concluye que los cortes en la grabación correspondiente al 4 de mayo de 2006 -cuando se produjo el "soplo"- se produjeron "intencionadamente" o "por negligencia" de quien operaba la cámara.
El informe del Instituto Armado -que señala que tanto el equipo utilizado para la vigilancia del establecimiento como la cinta estaban en buen estado- considera improbable la negligencia, ya que los botones de la cámara "están protegidos", según informaron a Efe fuentes jurídicas.
Según los guardias civiles que analizaron la cinta, los cortes no se produjeron con posterioridad a la grabación, sino en el momento mismo en que se estaba realizando ésta, descartando que tuvieran un origen "accidental".
El informe se contradice así con uno anterior elaborado por la sección de Tecnología de la Imagen de la Comisaría General de Policía Científica, que señalaba que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro".
A petición del juez, los policías han ampliado ese informe analizando las grabaciones efectuadas en el bar Faisán durante los cinco días previos y posteriores a producirse el "chivatazo" para ver si en esas cintas aparecen "cortes o interrupciones" y "si científicamente la grabación" del 4 de mayo presenta "diferencias de relevancia respecto de las restantes grabaciones peritadas".
Según explicaba Ruz el pasado 24 de enero en el auto en el que rechazaba la petición de la Fiscalía de que archivara la causa y ordenaba practicar nuevas diligencias, con estas nuevas pericias pretende determinar si los cortes de la cinta "son simultáneos a la grabación original o si se producen con posterioridad, así como la intencionalidad o accidentalidad de los mismos".
En la causa están imputados el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector de la Brigada de Información de Álava José María B.
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