Madrid.- El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, prevé mantener su puesto en el primer grupo bancario español tras la condena a tres meses de prisión y de inhabilitación que le ha impuesto el Tribunal Supremo por la comisión de un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto en 1994.
El alto ejecutivo pedirá el indulto al Gobierno y recurrirá ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de paralizar la ejecución de la sentencia y conservar su cargo, para cuyo desempeño cuenta con la "confianza" del Santander, según se apresuró hoy a señalar el banco tras conocer el fallo.
El Supremo ha rebajado la pena de seis meses de prisión que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso en diciembre de 2009 tanto a Sáenz como al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, que actualmente es director general de la Caja Rural de Ciudad Real.
No obstante, el alto tribunal ha introducido la inhabilitación para desempeñar sus respectivas profesiones durante el tiempo de la condena, como pedía la acusación particular, al tiempo que ha impuesto una multa de 400 euros a cada uno.
La rebaja de la pena de prisión se debe a que los magistrados del Supremo entienden que no cometieron un delito continuado de acusación falsa, como apreció la Audiencia Provincial de Barcelona, al tiempo que han ratificado la absolución por el delito de estafa procesal, contrariamente a lo solicitado por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares.
La sentencia insiste además en la procedencia de atenuar la condena por las "dilaciones indebidas" que ha sufrido el proceso, aunque en menor medida de lo que acordó la Audiencia Provincial de Barcelona.
El alto tribunal recuerda que desde que los condenados presentaron una querella contra los deudores de Banesto en 1994 hasta que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona transcurrieron casi 15 años, "lo que no debe ser considerado respetuoso con el derecho de los justiciables a un proceso sin dilaciones indebidas".
Los hechos que han dado lugar a la condena se produjeron en 1994, cuando Sáenz desempeñaba funciones como administrador provisional y presidente ejecutivo de Banesto, puesto para el que había sido nombrado por el Banco de España tras la intervención del banco entonces presidido por Mario Conde, en diciembre de 1993.
Según ha quedado probado, Sáenz dio instrucciones para que Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, como medida de prisión para que pagaran 639 millones de pesetas (3,6 millones de euros) por deudas de sus empresas.
La situación de los empresarios se complicó después de que el juez de instrucción sustituto, Luis Pascual Estevill, admitiera a trámite la querella y decretara medidas de prisión preventiva contra ellos (lo que conllevó su condena por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).
Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron la querella que ha servido para condenar a Sáenz y otros ejecutivos relacionados con Banesto.
El abogado de los empresarios catalanes, José López, calificó de "absolutamente positiva" la sentencia del Tribunal Supremo porque estima parcialmente su recurso de casación al introducir la pena de inhabilitación profesional al tiempo que mantiene que todos los acusados "merecían una condena".
López, que aseguró que no pretende recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional, también consideró que Sáenz debería presentar su dimisión al frente del Banco Santander, según la doctrina que ha venido defendiendo el Banco de España.
Según el Real Decreto de 1995 sobre Creación de Bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito, carecen de honorabilidad "quienes tengan antecedentes penales" y, entre otros muchos supuestos, "los inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras".
Tradicionalmente, los ejecutivos bancarios que han sido condenados por sentencia firme han tenido que abandonar sus puestos, como fue el caso de Alberto Cortina y Alberto Alcocer en el Banco Zaragozano.
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