Se cumplen dos años desde que ETA se viese forzada a poner fin a medio siglo de violencia. Tras este tiempo de ausencia definitiva de atentados la banda sigue empecinada en sentar al Gobierno en una negociación, ha agotado la paciencia de los mediadores internacionales al no escuchar sus peticiones ni avanzar en su desarme y no ha logrado solucionar la situación de sus presos.
La única perspectiva de éxito a corto plazo para ETA es una previsible derogación de la denominada 'Doctrina Parot' por parte de Estrasburgo. Pero esta decisión (que el Gobierno espera para el lunes) sólo afectaría por el momento a una minoría del colectivo de presos que ya estaba próximo a quedar en libertad. Varios centenares de presos seguirían en la misma situación aún con largas condenas pendientes.
Desde el Ministerio del Interior cuentan con que, en caso de derogarse la 'Doctrina Parot', unos 60 presos saldrían de prisión en los próximos meses. Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press se muestran interesados en conocer el acople que tendrían de forma repentina terroristas de vieja guardia en la actual izquierda abertzale y la influencia que su autoridad podría tener en futuras estrategias o si aceptarán las directrices de sus nuevos dirigentes con una "hoja de servicios" a la causa mucho más reducida.UN FINAL DE ETA MAQUILLADO
ETA basó su decisión de dejar de cometer atentados en la denominada 'Declaración de Aiete' en la que personalidades internacionales le pedían un cese definitivo unilateral, pero también solicitaban a España y Francia que aceptasen una negociación. Usaban así la banda y su entorno una pista de aterrizaje para el anuncio de su abandono, que llegaría días después. En un estado de extrema debilidad por los sucesivos golpes policiales y con unos dirigentes con poca preparación, los terroristas accedieron a ese final maquillado con un barniz de legitimidad internacional.
El mundo proetarra se mostraba confiado en que los puntos de aquella declaración se cumplirían en un plazo corto de tiempo: la organización de Aiete fue consentida por el entonces Gobierno socialista y en ella participaron casi todas las fuerzas políticas, incluyendo el PSE. Pero la única formación que ni participó ni reconoció lo acordado en Aiete fue el PP que tan sólo un mes después ganó las elecciones generales convirtiendo aquella declaración en papel mojado.
El punto de inflexión llegó el pasado febrero cuando las autoridades de Noruega expulsaron a sus tres máximos dirigentes David Pla, Iratxe Sorzábal y el histórico 'Josu Ternera'. Se encontraban allí acogidos en distintas fases desde semanas después del cese definitivo a la espera una negociación que el Gobierno nunca aceptó. Cansados de no ver avances y las presiones del Ejecutivo español llevaron a Oslo a retirarles la protección por lo que tuvieron que regresar a sus escondites.
ETA reaccionó con un comunicado en el que advertía de las"consecuencias negativas que" para el proceso traería esta negativa al diálogo. Este lenguaje activó las alertas de algunos expertos antiterroristas forzando a una reunión entre responsables de la Policía, la Guardia Civil y el CNI para aunar posturas en cuanto a la irreversibilidad del proceso. Pese a algunas diferencias de matiz, los tres cuerpos coinciden en que no se prevé una vuelta de los atentados.SU ÚLTIMO COMUNICADO, HACE UN MES
En su último comunicado, emitido el mes pasado, la banda insistía en la necesidad de una negociación y en este caso llamaba a romper el bloqueo de los Estados mediante un "proceso popular". Altos representantes de la lucha antiterrorista admiten que la banda busca realizar algún gesto en los próximos meses, pero no está dispuesta hacerlo a cambio de nada. Y desde el Ministerio del Interior mantienen que lo único que esperan es la disolución de sus estructuras y que desaparezca. Pero este extremo no figura en los planes de ETA.
En este tiempo los terroristas han llegado a planear una entrega de armas simbólica o el sellado de algunos zulos, indican las mismas fuentes. Por otra parte, algunos sectores de la política vasca confían en movimientos antes de final de año. Esta falta de iniciativa de la banda llegó a agotar la paciencia de los verificadores internacionales a quienes el Gobierno ni siquiera otorga validez.
La Comisión de Verificación Internacional --formada por expertos en conflictos internacionales-- llegó a amenazar con abandonar la escena si ETA no realizaba avances en su desarme en un plazo de seis meses, periodo expiró oficialmente el pasado 30 de septiembre. No obstante, fuentes conocedoras de estos movimientos advierten que se trataba de un plazo estimado y que los verificadores aún no han tomado una decisión sobre su papel debido a que no han solventado todas sus dudas sobre el proceso.
ETA ya había hecho oídos sordos a las recomendaciones de los verificadores en ocasiones anteriores como cuando solicitaron a sus militantes que dejasen de llevar armas. La propia banda terrorista aseguró en marzo que la cuestión del desarme no era de su competencia: "queda fuera del mandato que se dio la Comisión Internacional de Verificación en su origen y, en consecuencia, no ha estado ni está en la agenda de trabajo de ETA y la Comisión".
595 PRESOS REPARTIDOS EN 6 PAÍSES
Otro aspecto en el que ETA no ha logrado avances en los últimos años ha sido en las cárceles donde sus presos aún debaten sobre el modo en el que sumarse a los beneficios individuales recogidos en la Ley pero vistiéndolo como una decisión global y estratégica. Atrás han quedado los mensajes que les llegaban desde fuera en los que se les aseguraba que tras el cese definitivo su situación se solucionaría. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho en más de una ocasión que sólo se revisaría la dispersión si ETA se disolviese.
Actualmente la banda cuenta con 595 presos repartidos en cárceles de seis países distintos. Esta cifra supone 84 presos menos que a lo largo de este tiempo han salido por motivos de salud, por haber cumplido su condena o de manera provisional. El más significativo fue el caso de Josu Uribetxeberria Bolinaga a quien el Ministerio del Interior le concedió el tercer grado penitenciario y posteriormente el juez la libertad condicional debido al cáncer que padece.
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