Se cumplen tres años desde el anuncio del fin de la violencia de ETA

Se cumplen tres años desde el esperado anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, tres años de un epílogo de casi cinco décadas de terrorismo que presenta tímidos avances y algún retroceso.

En este tiempo de silencio de las armas, la organización terrorista ni se ha disuelto ni ha entregado sus arsenales, aunque haya expresado voluntad de hacerlo y haya anunciado el desmantelamiento de sus estructuras militares, dos aspectos que no han sido cotejados de ninguna manera.

Pese a ello, tras el fiasco del simulacro de entrega de armas a los verificadores del pasado mes de febrero, ETA y su final definitivo han pasado a un segundo plano de un debate político vasco más centrado ahora en el futuro del autogobierno con la mirada puesta en Escocia y Cataluña.

La postura del Gobierno se ha mantenido intacta en su negativa a cualquier participación en el cierre definitivo de ETA, por lo que tanto la izquierda abertzale como la propia banda han sacado al Estado de su ecuación y aseguran que caminarán, a su ritmo, de manera unilateral.

ETA, como organización clandestina, ha hecho dos movimientos significativos, aunque mayoritariamente tachados de insuficientes, en los últimos 12 meses.

El primero de ellos fue el "gesto" de entrega de armas del 21 de febrero ante unos "verificadores" que después admitieron en la Audiencia Nacional que los etarras se habían llevado el material en una caja de cartón, un episodio con tintes rocambolescos que acabó socavando la credibilidad de todos sus actores.

El 20 de julio, ETA hizo público un comunicado en el que aseguró haber "desmantelado" sus "estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada" y haber "sellado" sus arsenales, a la vez de que advertía de su continuidad como organización dedicada a una nueva estrategia.

Mientras, en las cárceles, los presos de ETA ya habían dado un paso al admitir la legislación española, reconocer el daño causado y aceptar someterse a medidas penitenciarias "individuales", aunque sin poner en cuestión su "dignidad política".

Este pronunciamiento del pasado 28 de diciembre puso fin a décadas de reclamación de la amnistía y de un tratamiento colectivo de sus demandas y abrió una nueva etapa que se materializó con una cascada de solicitudes individuales de traslados a cárceles próximas al País Vasco, todas ellas rechazadas por las autoridades penitenciarias.

El Gobierno, tras superar el impacto que supuso la derogación de la doctrina Parot y ver cómo decenas de miembros de ETA -algunos de los más históricos- salían a la calle, se ha mantenido imperturbable ante las demandas de flexibilización de su política penitenciaria, expresada incluso por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en sus encuentros con el presidente Mariano Rajoy.

Lejos de ello, el Gobierno ha mantenido su presión sobre este sector, como demuestra la operación policial desarrollada el 8 de enero contra el grupo de interlocución del colectivo de presos de ETA, en la que fueron detenidos destacados abogados de la izquierda abertzale como Arantza Zulueta y Jon Enparantza, junto con otras seis personas.

Durante los últimos meses se han registrado además capítulos esporádicos de violencia callejera, el más grave ocurrido el pasado 27 de septiembre, cuando un incendio intencionado destruyó tres autocares de Bizkaibus en Bilbao.

En el terreno político, la etapa post ETA se ha caracterizado por el bloqueo y la falta de acuerdo. La ponencia parlamentaria de Paz y Convivencia continúa en el congelador tras el abandono del PSE-EE y el PP, pese al anuncio del lehendakari de reformular sus postulados para reflotarla.

El relato de lo ocurrido sigue separando a las tradiciones políticas vascas, pese algunos gestos de acercamiento hacia las víctimas por parte de la izquierda abertzale, como la presencia de Pernando Barrena en el homenaje al expresidente de Adegi, Joxe Mari Korta, el pasado 8 de agosto.

Pese a todo, cada día que pasa en el epílogo de ETA se consolida la ausencia de violencia en una Euskadi que va recuperando normalidad política, aunque queden incógnitas y heridas abiertas. Un síntoma de ello es la anunciada desaparición de Lokarri, la asociación heredera de Elkarri que ha tratado de servir al mundo de ETA una transición lo menos traumática posible hacia el final del terrorismo.

"La situación es la de un impasse", ya que no se mueven ni el gobierno, ni la ETA, considera el catedrático Mikel Buesa de la Universidad complutense de Madrid, doctor en Economía y autor de publicaciones sobre el terrorismo aunque, añade este especialista cercano a la Fundación de víctimas del terrorismo, en esos tres últimos años, "se ha confirmado la derrota militar de la ETA" y el grupo está muy debilitado.

ETA, a la que se le atribuye la muerte de 829 personas, renunció a la violencia el 20 de octubre de 2011, tras 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra. En Francia "quedaban dos o tres comandos que allí permanecían para la eventualidad de una acción", pero han sido disueltos, afirma también Jean Chalvidant, autor en este país de varios libros sobre ETA.

La organización clandestina ha perdido peso y trata de resolver su principal problema: el futuro de sus presos. Según la asociación de familiares y amigos de presos Etxerat, siguen siendo 469, en 76 cárceles, cien de ellos en cárceles francesas.

ETA reclama, como parte del proceso, una negociación sobre el futuro de estos prisioneros. Y para tratar de avanzar, ha dado dos pasos: los presos admiten "la legalidad española", y el "dolor" causado por el "conflicto armado", inclusive, a sus víctimas.

Sin embargo no ha dado ninguno paso creíble hacia el desarmarse y Madrid sigue rehuyendo toda "negocación con terroristas" y mantiene que la única vía es la "disolución".

Su único avance en tres años en este campo, la organización separatista lo ha conseguido en Estrasburgo, cuando en 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), condenó la llamada Doctrina Parot, que permitió desde 2006 a las autoridades españolas alargar la estancia en la cárcel de decenas de presos, principalmente de la organización armada ETA, al limitar las posibilidades de rebaja de penas.

El gobierno de Mariano Rajoy también se niega a concerdele la mas mínima legitimidad a la Comisión internacional de verificación compuesta por seis especialistas internacionales en resolución de conflictos que se ha propuesto para supervisar un eventual desarme.

Para Mikel Buesa, un camino para el gobierno podría ser "optar por una ley del estilo de la italiana" que permitió a partir de 1987 a miembros de las Brigadas rojas conseguir mejor tratamiento si se disociaban abiertamente de la organización, sin tener que ser delatores.

El presidente del gobierno vasco Iñigo Urkullu, del PNV, trata desde hace meses de convencer a Mariano Rajoy de aceptar una salida negociada y lo que llama un "final ordenado de ETA", a través de una política de reinserción de los presos que aceptarían comprometerse con una "consolidación de la paz".

"La situación ha cambiado y el Gobierno debe acompañar este cambio para evitar que las cosas se pongan más difíciles", argumentó a principios de octubre en una entrevista con el diario El País, citando, entre otras cosas gestos simbólicos como "la presencia de representantes de Bildu en actos de homenaje a víctimas del terrorismo".