El mayor Fernando Arias "se presentó voluntariamente ante el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) en Pamplona, (departamento de) Norte de Santander, tras conocer la orden de captura proferida en su contra", informó en un comunicado el ente acusador.
La acusación por la que el militar enfrenta cargos por "concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público y homicidio agravado", se basa en su relación "con 10 homicidios cometidos en el 2007 por militares adscritos al Gaula", un grupo antisecuestros al que pertenecía en ese momento, en el departamento de Córdoba (noroeste).
De acuerdo con la investigación, el oficial, que pertenece actualmente al Batallón García Rovira, de Pamplona, comandó cuatro misiones en 2007 cuyos resultados "fueron reconocidos como ejecuciones extrajudiciales por parte del comandante del Gaula en esa época, el mayor Julio Parga, respecto de las cuales aceptó cargos y fue condenado".
En otra operación, Arias intervino como "oficial de inteligencia", agregó el documento.
Según la Fiscalía, los civiles muertos que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, "fueron reclutados" en los departamentos de Sucre, también en el noroeste del país, Córdoba y Cauca (suroeste), diciéndoles en algunos casos que trabajarían en otro departamento o para integrarse al ejército.
Centenares de militares han sido condenados en Colombia por casos de ejecuciones extrajudiciales que cometían para obtener prebendas y reconocimientos, en casos conocidos en el país como "falsos positivos".
El conflicto armado colombiano, en el que durante más de cinco décadas han participado guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y seis millones de desplazados.
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