¿De qué se acusa a Baltasar Garzón en esta causa?
De un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzosa de 114.266 personas durante la Guerra Civil y el franquismo, a sabiendas de que no aplicaba la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.
¿Cuál puede ser su condena?
Garzón se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación y una multa de 21.600 euros, pena solicitada por la acusación popular, que ejercen conjuntamente el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. En este caso, la Fiscalía pide la absolución del magistrado al considerar que no cometió delito alguno.
Las primeras consecuencias llegaron en medio de la investigación. En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial decidió por unanimidad suspenderle de forma cautelar hasta que se dicte sentencia. Días antes, el juez había pedido su traslado a la Corte Penal Internacional, un traslado que le fue concedido.
¿Quiénes son los testigos?
En el juicio han sido llamados a declarar un total de 22 testigos, 20 de los cuales son miembros de las diferentes plataformas para la recuperación de la memoria histórica que existen en España.
También testificarán los abogados Fernando Magán y Joan Garcés, impulsores de la demanda que llevó a Garzón a abrir una investigación por los crímenes de la dictadura de Franco.
¿Cómo ocurrieron los hechos de este caso?
El 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón, entonces al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se declaró competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España, entre ellas la que se creía albergaba los restos de Federico García Lorca.
En el auto, el juez apuntaba como responsables de los hechos a 35 altos cargos del régimen franquista, incluido el dictador Francisco Franco, cuyo certificado de defunción solicitó a efectos de declarar la extinción de la responsabilidad penal.
La Fiscalía recurrió la decisión de Garzón y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó, por 14 votos contra tres, declarar que Garzón carecía de competencia para asumir esa investigación y que debían ser los Juzgados de cada demarcación los que decidieran sobre la apertura de las fosas.
Seis meses después, el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella por prevaricación presentada contra el juez por Manos Limpias.
¿Quiénes apoyan al juez en esta causa?
De las tres causas pendientes contra el juez, ésta es la que más movilizaciones sociales provoca, tanto a favor como en contra. Así, hasta nueve organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han instado al Tribunal Supremo a actuar con sentido de justicia.
Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Fundación para el Debido Proceso Legal, International Commission of Jurists, Human Rights Watch, European Center for Constitutional and Human Rights, Center for Constitutional Rights, Lawyers' Rights Watch Canada y Rights International Spain.
¿Cuál es el tercer juicio pendiente de Garzón?
Además de por la investigación de los crímenes del franquismo y por la intervención de las conversaciones del caso Gürtel, Garzón está encausado en el Supremo por no abstenerse en una querella contra los responsables del banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó unos cursos que el juez impartió en Nueva York, una causa que todavía se encuentra en fase de instrucción.
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