Montevideo, 6 jul.- El Senado de Uruguay aprobó hoy una ley que autoriza la entrada de capital extranjero en sectores estratégicos de la economía, como la infraestructura y la energía, en sociedad con el Estado, una propuesta que deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados.
En un comunicado, la Cámara alta informó que 27 de los 27 senadores presentes este miércoles en la sala dieron su voto a favor de la iniciativa, en una sesión marcada por la decisión del legislador comunista Eduardo Lorier de abandonar el recinto parlamentario en rechazo a la propuesta.
El Partido Comunista es una de las fuerzas que componen la coalición gobernante, el izquierdista Frente Amplio, que en esta ocasión consiguió el respaldo de todos los partidos opositores.
La Ley de Participación Público Privada fue aprobada en mayo pasado en Diputados, precedida de una amplia y larga negociación en el seno del FA, que agrupa a socialistas, socialdemócratas, exguerrilleros tupamaros e independientes, además de comunistas.
En el Senado el texto aprobado hoy fue modificado al anularse la potestad que se le había dado al Estado de anular unilateralmente un contrato, por lo que ahora el proyecto deberá ser aprobado de nuevo en la Cámara baja el próximo día 12.
La iniciativa, impulsada personalmente por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, tiene como objetivo la construcción de carreteras y puentes, el desarrollo del ferrocarril y mejoras en los sectores energético, sanitario, de viviendas, educativo, deportivo y penitenciario.
Al mismo tiempo en que la ley era aprobada en mayo pasado por los diputados Lorenzo promovía en España las inversiones en su país entre empresarios de Galicia, Madrid y Cataluña.
La nueva normativa reserva al Estado los considerados servicios esenciales, cuya prestación "le corresponde en forma exclusiva" y establece un tope a los recursos que cada Gobierno podrá comprometer durante el período de pago de las obras que realice con las firmas privadas.
El límite se fijó en el 7 % del producto interno bruto (PIB) durante los cinco años de Gobierno.
La idea es que dentro de un año se concreten las primeras adjudicaciones a empresas particulares para realizar obras de infraestructura en sociedad con el Estado.
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