La actuación sobre el terreno de los agentes de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O no fue la adecuada. De hecho, incluso hubo connivencia entre los policías y los organizadores en los centros de votación. Así lo estima la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, en el que alude a las "escenas de complicidad" de los mossos con quienes querían llevar a cabo el referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional. Una actitud que contrastó con la de los responsables del cuerpo catalán, que avisaron en todo momento de los riesgos para la seguridad del 1 de octubre. Y que fueron rechazadas en todo momento por el conseller que estaba por encima de ellos, Joaquim Forn, con el respaldo de la presidencia de la Generalitat.
Como establecen los magistrados en los Hechos Probados, los agentes catalanes, aunque en la mayoría de ocasiones "se ven conminados por una aglomeración de personas impermeable a cualquier requerimiento" y "han de claudicar en su objetivo, de forma vergonzante", también hubo otros episodios de una acititud "casi complaciente". "Han quedado evidenciados episodios de auténtica complicidad que se deducía claramente de algunas imágenes y escenas, complicidad y casi connivencia motivadas quizás por la coincidencia ideológica o por la seguridad de que de esa forma podían grangearse el aplauso y beneplácito de esos ciudadanos rebeldes o de los responsables políticos", dice el texto del Supremo.
El otro argumento de los magistrados para discutir el papel de los Mossos señala que "se dedicaron a obtener información de los movimientos de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, información que comunicaban a sus mandos", como declaró un jefe de la Policía Nacional en el juicio. Esto constató que los Mossos no buscaron el "desalojo de los centros", sino que lo que hicieron fue informar "de la estrategia policial que se seguiría al respecto". Lo que ayudó a los organizadores de la votación en su logística, ya que formaron "agrupamientos de ciudadanos" que "imposibilitaran la actuación policial dirigida a hacer efectivo" el mandato judicial de impedir el referéndum.
Agentes sin poder cumplir su cometido
Pero el tribunal también admite que muchas actuaciones de los agentes responden a las multitudes a las que se enfrentaban. Como señala la sentencia, Forn trasladó a las autoridades de la Administración central del Estado una previsión de "normalidad", creyendo que "cumpliría lo mandado por la magistrada" del TSJ catalán de impedir las votaciones. Esto derivó en la "inhibición" de los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña, y facilitó que saliera adelante la iniciativa de "Escoles Obertes", cuya finalidad no era otra que facilitar que se instalaran las urnas permaneciendo desde la noche anterior en los centros de votación.
Tras la maniobra de Forn que permitió la vigilancia de los colegios a los Mossos, el Supremo determina que dichos agentes "no interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros". A esto ayudó el despliegue elegido por los responsables del cuerpo, que optaron por mandar a la mayoría de centros a solo dos agentes, conocidos como "binomios de mossos". Esto facilitó, como reza la sentencia, que algunos agentes "llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral".
Dicho comportamiento estuvo influenciado por "la oposición decidida de los numerosos grupos compactados de personas que protegían el centro y que se negaban de forma rotunda a acatar la orden judicial". Por eso, estas fuerzas de seguridad "desistían de su objetivo ante la obvia imposibilidad de vencer la resistencia de esos grupos de personas". Para justificar la sedición, el TS argumenta que esta se produce "cuando los agentes tienen que claudicar y desistir de cumplir la orden judicial de que son portadores ante la constatada actitud de rebeldía y oposición" a la misma. Algo que se dio en los casos "más numerosos", en referencia a una mayoría de centros de votación.
El Govern no escuchó a los jefes de los Mossos
Todo lo anterior viene precedido del rechazo de los principales responsables del Govern de llevar a cabo las recomendaciones de los principales responsables del cuerpo catalán. Fue en la conocida reunión del 28 de septiembre de 2017, en la que los mandos policiales (con el major Josep Lluís Trapero y los comisarios Manel Castellví, Emilio Quevedo, Joan Carles Molinero y Ferran López) informaron al ejecutivo del "importante riesgo para la seguridad" por la presencia de "colectivos radicales" y la "movilización de una cifra de personas próxima a los dos millones". Por eso instaron a suspender la votación prevista para así "cumplir el mandado judicial". Una petición que fue descartada al momento por los miembros del Govern.
Tampoco se tuvieron en cuenta las más de 4.000 actas que levantaron los binomios los días 29 y 30 de septiembre, que respondían a la petición de informes sobre el 1 de octubre que había realizado Forn. Dichas actas también se levantaron en los colegios que pertenecían a la convocatoria de "Escoles Obertes", donde a los agentes se les llegó a trasladar que no se les dejaría entrar en los centros ocupados con aquella convocatoria. A pesar de todo esto, y de que la Policía Nacional también advirtió de los posibles altercados, todas las respuestas del Govern rechazaban la suspensión de la jornada del 1-O.
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